El ex presidente Carlos Menem fue procesado por supuesta "administración fraudulenta" a raíz de la concesión del espacio radioeléctrico nacional a la multinacional de origen francés Thales Spectrum de Argentina (TSA) y sufrió un embargo de 200 millones de pesos, revelaron hoy fuentes judiciales.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Norberto Oyarbide en una causa que ya tiene con procesamientos y embargos firmes, entre otros, al ex secretario de Comunicaciones Germán Kammerath y del ex lobbista Jorge Neuss, al abogado Juan Carlos Cassagne, y al ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones Alberto Gabrielli.
Esta causa había sido archivada, pero en 2006 la Sala II de Cámara Federal ordenó reabrir la investigación y urgió además a investigar si hubo "sobornos" en la decisión que habilitó a Thales a controlar el espacio radioeléctrico nacional, en un contrato que luego fue rescindido por el presidente Néstor Kirchner tras un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que hablaba de un posible perjuicio para el Estado de unos 300 millones de dólares.
La Justicia federal envió exhortos al exterior para seguir las pistas de transferencias por unos 25 millones de pesos-dólares de los que habría dado cuenta un "arrepentido" suizo y que podrían tener que ver con las maniobras, pero nunca obtuvo respuestas satisfactorias. En 1998 el gobierno de Menem firmó un contrato con la empresa francesa TSA que entregaba el control hasta el 2012 del espacio radioeléctrico nacional a cambio de un importante canon. Tras la anulación del contrato, la Justicia abrió entonces una causa en la que el juez federal Jorge Urso dictó sobreseimientos parciales por entender que no hubo irregularidades.
Sin embargo, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción apelaron en base a las pruebas aportadas, por ejemplo las revelaciones de un financista "arrepentido" que detalló supuestas cuentas secretas a las que se habría girado unos 25 millones de pesos de posibles sobornos. Según una de las pericias aludidas por la Cámara, habría habido "un porcentaje de incumplimiento integral del contrato del 66,99 por ciento" que se traduciría en "671.831.357,09 pesos".
A la luz de esa circunstancia se desvanece la hipótesis de que "no hay elementos que permitan inferir un desequilibrio económico para el Estado" y la idea de que "no se ha visto afectada la prestación del servicio a cargo de TSA ni la administración y manejo de los bienes estatales por parte de la CNC, en el marco del contrato de concesión", dijo la Cámara.
Fuente: DyN
