El magistrado lo halló responsable de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. El exfuncionario además tiene otro procesamiento por falso testimonio, según publicó Clarín.
"Ricardo Echegaray es el responsable de la adjudicación de la licitación. Inútiles resultan sus dichos relativos a que actuó en base a las recomendaciones que efectuaron las áreas intervinientes ya que estas dependencia aconsejan pero no tiene capacidad de resolver el proceso", señaló Torres en la resolución.
En la causa, en la que también interviene el fiscal Federico Delgado, se estableció que la empresa Limpiolux ganó una licitación para asear el edificio por 15.196.000 pesos, una suma que duplica el monto ofertado por la firma Ricardo Bilbao -apartada del proceso licitatorio- y que fue contratada desde 1981 para hacerse cargo de la limpieza del edificio de la AFIP. Bilbao había presupuestado el trabajo en 7.456.242 pesos. Cuando ocurrió el proceso licitatorio, la empresa Bilbao impugnó dos veces la decisión. Sin embargo, Echegaray no dio lugar a estos reclamos.
Según el juez Torres, fue el extitular del organismo recaudador quien "indicó en su descargo que en una ocasión se apartó de las recomendaciones efectuadas por las oficinas que intervinieron previamente en la resolución", señalando que fue responsable como máxima autoridad de la AFIP "del proceso de adjudicación".
"La delegación de funciones a órganos inferiores para instrumentar cuartos aspecto de la licitación no lo eximen del deber de velar por el interés del Estado, que se relaciona con los vienes jurídicos protegidos", consideró el magistrado. En el procesamiento firmado por Torres, que también publicó Infobae, el juez señaló que "… el interés particular del Dr. Ricardo Echegaray en su carácter de Administrador de la A.F.I.P. en miras de un beneficio económico para 'Limpiolux S.A.' en la licitación n° 99/10 es palmario ya que, como se explicó en forma detallada anteriormente, la maniobra es notoria".
Torres determinó que "…se dejó sin efecto la licitación n° 190/09 por supuestos problemas presupuestarios y terminó asignando aproximadamente cinco meses después, el servicio a la misma empresa que había quedado primera en ese expediente, pero por un monto aproximadamente mayor al 50% del que se había presupuestado en la licitación caduca".
