En la Argentina conviven dos fenómenos sociales que vienen en crecimiento desde hace más de 20 años según diferentes estadísticas de tipo oficiales o elaboradas por organizaciones de la sociedad civil (ONGs) y son: la tasa de hogares monoparentales a cargo de mujeres y la feminización de la pobreza.
En ese contexto, la diputada nacional de Somos Barrios de Pie Natalia Souto presentó un proyecto de ley por el que se incorpora a la ley 26.485 de protección integral de las mujeres la falta de pago de cuota alimentaria como un tipo de violencia económica contra las mujeres.
La iniciativa surgió a partir del análisis de las cifras de ambos fenómenos en el país, sumado a al alta tasa de no cumplimiento por parte de los padres en sus obligaciones alimentarias para aquellos casos en que se encuentren separados o divorciados.
Según la Encuesta sobre la Estructura Social publicada en el libro La Argentina en el siglo XXI el 11% de los hogares son monoparentales y en su gran mayoría (el 84%) está a cargo de mujeres.
En diálogo con PERFIL, Souto comentó que "la idea del proyecto es que el no pago de la cuota alimentaria sea tipificado como violencia económica y patrimonial, que se incorpore como un tipo más de violencia. Es una forma de visibilizar y todo esto contribuye a ir avanzando y trabajando sobre el tema y puede servir en el caso de que se decida iniciar alguna causa civil y penal", explicó.
La diputada recientemente ingresada a la Cámara baja, en reemplazo de Cristina Alvarez Rodríguez, indicó que la propuesta sirve para complementar el proyecto de Ley de Violencia de Género, que cumple 10 años y que justamente este jueves se anunció la voluntad de actualizarlo.
El anuncio coincide con la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que promueve la visibilidad del asunto a nivel global y que aquí fue aprovechado para realizar anuncios desde el Gobierno nacional.
Conforme un relevamiento al que tuvo acceso PERFIL realizado por la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos (CADH) en base a las consultas que reciben en la clínica de asesoramiento jurídico que llevan adelante como ONG, desde el 2020 a la actualidad han atendido 250 consultas en total.
En el marco del #DiaInternacionalDeLaNoViolenciaContraLaMujer se anunció que se buscará reformar la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. pic.twitter.com/zynrcMG1BI
— Natalia Souto (@natisoutook) November 25, 2021
De la totalidad de estas consultas, 102 versaron sobre alimentos, y sus modos de reclamo. Esto representa un 40% de la totalidad de consultas recibidas. Respecto de este 40% de consultas que versan sobre alimentos y cuestiones de familia, solo dos fueron realizadas por varones sobre régimen de comunicación en particular, y las restantes todas por mujeres con hijos a cargo de los cuidados.
De las consultas que realizan dichas mujeres, un 97% son de personas que no reciben ningún monto por el progenitor de sus hijos, mientras que el otro 3% recibe alguna cuota y necesita revisión de la misma.
Además, un 60% son reclamos hacia progenitores sin ingresos registrados y/o que cobran un plan; un 30% hacia varones con algún ingreso mensual y un 10% desconoce los ingresos del hombre.
En el informe se destaca que un 35% de las mujeres consultantes ya había realizado previamente algún acuerdo judicial que se incumplía. Asimismo, un 25% había contactado o intentado contactar un servicio gratuito de abogados.
dm cp
