Con reclamos de mayores recursos federales –incluyendo fuerzas en algunos lugares–, algunas tensiones y otros acuerdos para avanzar en intereses comunes entre Nación y provincias en materia de seguridad, concluyó el primer Consejo Federal con el que el gobierno de Alberto Fernández pretendió enterrar, en Tucumán, la “doctrina Bullrich”. Y tan positivo fue el balance de las autoridades nacionales que ya piensan en un nuevo cónclave en el segundo trimestre del año.
“Hay una asimetría enorme en las provincias respecto a los insumos y los problemas que atraviesan”, analizó uno de los hombres claves del área al término de las mesas en las que participaron funcionarios provinciales, nacionales y referentes sociales vinculados a la temática. A su entender, “la seguridad está desfinanciada” y lo que se evidencian son “claros desequilibros entre las provincias en su capacidad de fuerzas”.
Tanto es así que una de las demandas que más escuchó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se vinculó con la falta de escáneres en zonas fronterizas e insumos que van desde chalecos antibalas a vehículos. También hubo provincias como La Pampa que requirieron un incremento de las fuerzas federales –en su caso la Policía Federal–, solo unas horas después del cruce entre el titular de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y Frederic respecto a su presencia en Buenos Aires.
Salvo casos puntuales que lo requieran, el Gobierno no planea, de momento, ampliar el número de efectivos federales desplegados para tareas de seguridad interior. Aseveran que “no hay una demanda excesiva” y tampoco se pretende motivar la disconformidad de los gendarmes y prefectos que no ven con demasiado agrado ser destinados a tareas por fuera de su órbita.
Tampoco barajan, por ahora, replegarlos: más bien el término que se escuchó a lo largo de las dos jornadas y las bilaterales de Federic con sus pares provinciales el miércoles fue “optimizar” su uso. Con tal fin, por caso, se avanzó en el diseño de comandos conjuntos de fuerzas federales y provinciales en provincias como Salta.
Entre los variados temas que se conversaron –desde la reglamentación para el acceso a las armas hasta la creación de una comisión tripartita entre Seguridad, Medio Ambiente y Justicia para atender las disputas con comunidades indígenas–, el combate al narcotráfico fue el que abrió la puerta al cruce más acalorado. Entre otras cuestiones, porque el gobierno nacional planteó que la “doctrina Bullrich” se ocupó de inflar estadísticas con un alto número de decomisos de bajo volumen.
“El año pasado se desferalizó el combate al narcomenudeo, se entregó esa potestad a las provincias y no todas aceptaron y algunas que lo hicieron están arrepentidas porque cargaron con más responsabilidad a las fuerzas locales y las distrajeron de los grandes problemas de la inteligencia criminal”, sostuvo un funcionario nacional.
El nuevo paradigma que ponen sobre la mesa incluye un debate respecto a quién se persigue y si se legalizan o no ciertas drogas, un debate que gira en la región desde hace años. “No planteamos un norte sino un debate, porque llenar las cárceles de pequeños consumidores no tiene sentido”, aclararon a este medio.
