POLITICA

Punto para el Gobierno: el fiscal desestimó que la Ley de Medios sea inconstitucional

Fernando Uriarte entregó su dictamen al juez de primera instancia. De considerarse su recomendación, se abriría el camino para la aplicación de la norma.

El juez Civil y Comercial Federal, Horacio Cecilio Alfonso, quedó entre dos fuegos: el Gobierno y Clarín.
| Cedoc

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Civil y Comercial Federal 5, Fernando Uriarte, solicitó al juez Horacio Alfonso desestimar el planteo de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Clarín ante la Ley de Medios. Según sostiene el fiscal en el dictamen entregado al magistrado, la discutida norma "no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín".

En función de ello, Uriarte solicitó desestimar el pedido del Grupo Clarín, en el que se impugna los artículos 41, 45, 48, segundo párrafo, y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De hacerlo, el juez podría llegar a una resolución definitiva en torno a la aplicación de la ley, y cumplir con la orden de la Corte Suprema de Justicia, que exhortó a Alfonso a dictar una sentencia de fondo.

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Esto significa que el juez ahora debe dejar pasar cinco días, para que las partes tendrán la opotunidad para hacer alguna presentación sobre la decisión del fiscal y luego el magistrado ya quedará en condiciones de resolver.

De tal manera, a partir del lunes próximo Alfonso podría emitir una resolución sobre el fondo de la cuestión, informó DyN

El Código Procesal Civil y Comercial Federal le da al juez 40 días para resolver, pero el magistrado se estaría pronunciando antes de fin de año, coincidieron las fuentes.

El dictamen de Uriarte no es vinculante, por lo que el juez no está obligado a seguirlo en su fallo.

Una decisión de Alfonso hará caer de inmediato la cautelar que tiene frenada la Ley, pero no implica la inmediata aplicación de la norma en caso de que resuelva a favor de su constitucionalidad, porque la apelación a la Cámara frena sus efectos.

La apelación a la Cámara podría no darse si una de las partes requiere directamente la intervención de la Corte, saltando esa instancia, tal como lo permite la nueva Ley de "per saltum".

Entonces, será la Corte la que juzgará si la situación es de "gravedad institucional" para aceptarlo. De todas, maneras será siempre el Máximo Tribunal el que dicte a una sentencia definitiva, informó DyN.