Qué buscan quienes quieren ofertar por el Correo de los Macri

Como parte del salvataje de Correo Argentino SA, una compañía de la familia del expresidente Mauricio Macri, cuatro empresas y un particular se inscribieron en el registro de interesados en adquirir las acciones. También lo hizo la propia Correo, ya que ley autoriza a las empresas concursadas a inscribirse para comprar su propio paquete accionario, según consta en el expediente. PERFIL consultó a los interesados para conocer cuál es su interés en una compañía que lleva 18 años en concurso de acreedores y cuyo patrimonio es negativo.

Correo no tiene actividad pero la sociedad está inscripta para servicios de logística, “correo postal”, “mensajería”, “transporte”, según consta en los registros oficiales. El sello tiene un valor en el mercado pero tras valuar los activos y pasivos de la compañía, el estudio Urreaga Cichero y Asociados sostiene que Correo tiene un “patrimonio neto negativo” y que sus acciones valen “cero pesos”. Adquirir Correo puede implicar un alto costo para los interesados, ya que las deudas rondaban los $4.000 millones en 2017, según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. Entonces: ¿para qué quieren Correo?

OCASA: Una de las interesadas en adquirir el paquete accionario es del rubro: OCASA, la compañía que hasta fines de los 90 fue propiedad del fallecido Alfredo Yabrán. El presidente de la empresa, Mario Dobal, dijo a este medio que el objetivo es la posibilidad de obtener dos activos: la Planta de Monte Grande (que era del Correo Argentino) y su Clasificadora Automática de Paquetes (Sorter), como parte del plan de expansión de OCASA en Argentina”.

Sin embargo, la jueza Marta Cirulli les informó por escrito que esos bienes no están bajo administración de Correo sino del correo estatal, ya que formaron parte de la estatización del servicio postal de 2003. De hecho, la planta está operativa para el correo oficial.

Correo demandó al Estado en 2016 -justo antes de firmar el acuerdo con el gobierno de Macri- por el supuesto valor de sus inversiones en esta planta, pero la resolución del conflicto está pendiente.

Transporte Chimiray SRL. Es otra empresa inscripta para presentar oferta. Ramón Puerta, exembajador en España durante el gobierno de Macri -y amigo personal del exmandatario-, es accionista minoritario de la compañía. Puerta “no forma parte de las principales decisiones que toma la sociedad”, dijo a PERFIL un vocero oficial de la empresa.

“Chimiray tiene más de 40 años y se dedica, principalmente, al transporte de mercaderías entre la provincia de Misiones y el AMBA”, agregó. “El interés primordial como empresa de logística, era analizar las posibilidades de hacerse con las rutas, trayectos, depósitos o infraestructura” de Correo, explicaron ante la consulta de cuál es el interés en adquirir Correo.

Sin embargo, no hay evidencia de que Correo cuente con esos activos, según la consulta al expediente y al informe valuador presentado ante la Justicia en las últimas semanas. Las inversiones que Correo sostiene haber realizado son previas a 2003 y están en poder del Estado, con juicios pendientes.

Otros interesados. También se inscribió MV Cargo SAS, que tiene sede en un departamento del centro porteño pero sus teléfonos no figuran en guía ni tiene página web. No fue posible ubicar a sus representantes al cierre de esta edición.

La cuarta empresa es Valuaciones SA, cuyo principal rubro es el inmobiliario. Su titular, José María Fresco, declinó hacer declaraciones por el momento.

Otro interesado en comprar Correo es Jorge Alberto Anselmi, excomisario inspector de la Policía Federal. Fundó la empresa de vigilancia privada Organización Anselmi, que pasó por el mismo proceso que Correo: terminó concursada por sus deudas. PERFIL intentó comunicarse con Anselmi, pero en sus teléfonos registrados dijeron que ya no están en contacto con él y que la compañía está cerrada hace años.

Correo no está de acuerdo con el salvataje ordenado por la Justicia este año y recurrió a la Corte Suprema en contra de la decisión de la jueza.

El rol de los inscriptos en el registro es clave. Quien se quede con la compañía deberá tratar con los acreedores en medio de una denuncia de la fiscal general Gabriela Boquin por una presunta maniobra de fraude por parte de Correo. La empresa niega las acusaciones.  

El salvataje de Correo requiere ahora que la jueza Cirulli analice el informe valuador que determinó un patrimonio neto negativos y acciones por “cero pesos”. Debe decidir si lo homologa. Correo puede impugnarlo, si está en desacuerdo.

Luego, comienza otra etapa del proceso: los registrados deberán hacer sus ofertas a la totalidad de los acreedores y conseguir su conformidad para saldar las deudas de la empresa.

Si el proceso fracasa, podría decretarse la quiebra de la empresa de la familia Macri, con el riesgo de que la medida pueda extenderse a las principales empresas del grupo: Sideco y Socma, explicaron fuentes judiciales con acceso directo al expediente.