El asesinato del turista británico frente al hotel Faena el 14 de diciembre pasado, reavivó el debate por las penas que se aplican ante los delitos cometidos por delincuentes que se desplazan en moto. Diputados de la oposición piden que la "ley antimotochorros", proyecto que se presentó en marzo de este año, sea tratado en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Bajo esta modalidad de robo, el sábado un grupo de hombres asaltó y mató a Matthew Charles Gibbard, de 50 años, e hirió a su hijastro, de 28. En el intento de robo, dos ladrones que circulaban en moto los balearon en la entrada del alojamiento de Puerto Madero. Hasta el momento, son cinco los hombres detenidos como presuntos responsables del asesinato del empresario de la construcción oriundo de Londres.
El proyecto de ley que presentó e impulsa el diputado Luis Petri, propone la modificación del Código Penal y la Ley de tránsito 24.449, para buscar desalentar este tipo de delitos. En principio, promueve aumentar los mínimos de las penas para que las condenas sean de cumplimiento efectivo y no sean excarcelables, como así también prevé modificar la Ley de Tránsito con la inhabilitación de cinco a diez años para manejar una moto, y la inhabilitación perpetua para quienes sean reincidentes en estos delitos.
El legislador radical dialogó con PERFIL y señaló que le solicitó formalmente al presidente de la Cámara Diputados, Sergio Massa, que se incorpore en el temario de extraordinarias para ser tratado en el Congreso. Petri apuntó a que la modalidad de motochorros es de las que tienen "mayor violencia y organización". "Hay que dar una respuesta y necesariamente se tiene que modificar el Código Penal, y aumentar los mínimos y los máximos para evitar que sea un delito excarcelable", propuso.
Las modificaciones que plantea el proyecto:
- Modificar el artículo 163 del Código Penal, al proponer como un agravante al hurto la modalidad del delito "utilizando una motocicleta, automotor u otro vehículo".
- Cambiar la pena mínima del artículo 167, que actualmente es de tres (3) años, a cuatro (4) años. "De esta manera este tipo de delito cuando concurriere violencia en personas o cosas quedaría excluido de la posibilidad de condena de ejecución condicional, de excarcelación y de probation", argumenta el proyecto. La pena vigente en la actualidad es de 3 a 10 años
- Establecer en el artículo 20 bis del Código Penal la obligación de los tribunales de aplicar la pena accesoria de "inhabilitación especial de cinco (5) a diez (10) años para conducir cuando se trate de delitos cometidos utilizando una motocicleta, automotor u otro tipo de vehículos". En caso de reincidencia, sugiere la inhabilitación perpetua.
- Agravar el delito de encubrimiento con pena de cuatro (4) a ocho (8) años "cuando la cosa que se recibiere, ocultare o tuviere sea una motocicleta, automotor u otro vehículo proveniente de un delito". "En esos casos, las posibilidades de que ese vehículo se use para delinquir son altas", argumentó Petri a este medio.
- Ley de tránsito: propone la imposibilidad de obtener la licencia para conducir motocicletas para quienes registren antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o contra la propiedad cometidos utilizando una motocicleta.
Qué dice el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
Sobre las posibilidades de que el proyecto pueda aprobarse, el diputado de la UCR sostuvo que todo depende de hasta cuándo se prorroguen las sesiones. "La convocatoria es hasta febrero, e imaginamos que el congreso probablemente sesione en enero y en febrero también", dijo el mendocino.
El proyecto, argumentó, "es una respuesta que excede lo meramente punitivo". "Más allá de que las estadísticas muestran que han bajado los robos, en 2015 eran de 1200 robos cada 100 mil habitantes y ahora son de 890 aproximadamente, el delito se desplaza", explicó a este medio.
Consultado además por cómo cree que será la política del gobierno de Alberto Fernández en materia de seguridad, Petri manifestó su desacuerdo con la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien sostuvo que probablemente derogará el protocolo de uso de armas de fuego "porque es de una discrecionalidad y de un abuso que es intolerable", según dijo en una entrevista con Página12.
"Me parece gravísimo, y un retroceso que se deje sin efecto el protocolo. Eso de alguna manera reglaba cómo debían actuar ante un delito. No tener reglamento es darle mayor discrecionalidad y menor protección a las fuerzas", opinó el diputado.
A.G./ C. P.
