El jefe de la CGT oficialista y titular del gremio metalúrgico, Antonio Caló, fue imputado este martes por lavado de dinero con más de cuarenta personas, entre dirigentes y empresarios vinculados al fallecido Julio Raele. Ahora, el juez Penal Económico Pablo Yadarola deberá decidir si llama a indagatoria a los imputados y avanza con la causa. La principal decisión de impacto político que tomó desde que asumió el cargo marca un antecedente peligroso para Caló. El caso que complica al metalúrgico surgió por un juicio contra un ex abogado de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba, quien fue sorprendido intentando llevar a Uruguay 800 mil dólares no declarados en 2011. Córdoba develó un esquema de pagos ilegales a la comisión directiva del sindicato por parte del Instituto del Seguro SA, la firma de Raele beneficiada con seguros de muerte y sepelio de los metalúrgicos. Para la fiscal Gabriela Ruiz Morales, los pagos que supuestamente ascendían a US$ 20 mil mensuales por cada dirigente, fueron más allá de los tiempos marcados por Córdoba y continuaron hasta 2014. El dirigente metalúrgico salió esta semana a defenderse. Adujo que se trata de un “despechado” y dijo que Córdoba mantiene litigios con la UOM. Además, evaluó que hay una intencionalidad política y que se intenta afectar la campaña de Daniel Scioli.
El antecedente de la valija. El juez Yadarola, que deberá decidir sobre el caso UOM llegó a comienzos de este año al Juzgado Penal Económico N° 2. Hasta ese momento se había desempeñado como secretario en el juzgado federal de Sergio Torres. La primera causa de voltaje político que le tocó fue el caso por la valija de Antonini Wilson, que el juzgado acarrea desde antes de su llegada al cargo. En julio pasado decidió mantener firme los pedidos de captura contra un ex directivo de la petrolera venezolana Pdvsa y de su hijo. El fuero Penal Económico está dividido sobre los plazos de prescripción del caso de la valija. En 2008 los camaristas Marcos Grabivker y Alberto Pizzatelli sostuvieron que se trataba de un caso de contrabando de divisas, por lo que no se habían cumplido los plazos de prescripción. El fallecimiento de Pizzatelli y el cambio de mayorías en la Cámara modificó la posición y llevó a un nuevo fallo que consideró el caso prescrito en 2013. La Corte Suprema debe decidir tras un recurso de apelación de Grabivker y Pizzatelli. En este marco, Yadarola decidió no anular los pedidos de captura vigentes a la espera de que el máximo tribunal tomara una determinación
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