“Espero que acá no haya ningún periodista”. Esa fue la primera frase que expresó la ministra de Defensa, Nilda Garré, durante la reunión que mantuvo el pasado 29 de agosto cuando reunió a unos 130 oficiales jefes de diferentes unidades del país para intimarlos a “no confundir irregularidades con delitos castigados por el Código Penal”.
Con el claro objetivo de aleccionar y amedrentar a la tropa, la funcionaria dejó entrever que hay nuevas auditorías, como las que sirvieron de base para denunciar a los 31 militares involucrados en la megaestafa de las licitaciones a medida que se gestaron en tres unidades militares. En el auditorio no se escuchaba una mosca, sólo se oían los retos de Garré y los profundos suspiros de quien en ese momento era el jefe del Ejército, el teniente general Roberto Bendini.
El único que osó salir en defensa de la tropa fue el general de brigada Gustavo Gabriel Schurlein, hasta ese momento jefe del III Cuerpo de Ejército. Bastaron 19 días para que la ministra decidiera pasar a disponibilidad al oficial. El comando que manejaba Schurlein era uno de los que estaban bajo la mira de la ministra. Ella lo sabía y el general también.
El planteo que realizó Schurlein, que tanto irritó a la ministra y que generó una tímida sonrisa de los oficiales, fue el siguiente: “Hay otros organismos del Estado, como la DGI o la SIGEN, que pudieron haber alertado todas estas irregularidades. ¿El Estado no tiene otros elementos para que se vean estas cosas antes? En las unidades del interior es muy difícil juntarse con toda la información”. Estaba claro que para Garré no se trataba de simples “irregularidades” sino de la existencia de “un núcleo que organizó la red, y se podría estar ante un caso de asociación ilícita”. Y así lo hizo saber.
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