La Cámara Federal de Tucumán ratificó la prisión domiciliaria del represor y ex gobernador
Antonio Domingo Bussi, procesado por delitos de lesa humanidad de la última dictadura,
pero pidió un informe socio-ambiental, entre otros puntos, antes de autorizar su
alojamiento en un country, como pidió el ex general, informaron hoy fuentes judiciales.
Bussi está detenido desde octubre de 2003 por múltiples violaciones a los derechos humanos,
lo que le impidió asumir como intendente de la capital tucumana.
Ahora está alojado en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, donde funcionó el centro
clandestino de detención y desaparición más grande de la región, y en el que se realiza un
trabajo especial para detectar si hay minas antipersonales en una zona donde habrían sido
enterrados cuerpos de desaparecidos.
Pero
Bussi solicitó que se autorice su traslado al country Yerba Buena Golf Club, donde tiene
una propiedad su hijo, el actual legislador provincial Ricardo Bussi.
En ese marco, la Cámara autorizó la prisión domiciliaria, pero le ordenó al juez federal
subrogante Daniel Bejas que verifique el cumplimiento de varios requisitos antes de permitir el
traslado a esa finca.
Así,
pidió precisiones sobre las condiciones del garante propuesto (la esposa del ex mandatario,
Josefina Bigoglio de Bussi), los niveles de seguridad del lugar ofrecido para evitar una fuga y un
informe socio-ambiental, médico y siciológico, entre otros puntos.
Antes, el tribunal había denegado a Bussi el cumplimiento de la detención en un domicilio
de la ciudad de Buenos Aires.
Las fuentes recordaron que el juez Bejas también entiende en causas por desapariciones,
homicidios y torturas en las que está acusado el ex gobernador de Córdoba Luciano Benjamín
Menéndez, quien enfrenta procesos en esa y otras provincias.
Fuente:
DyN