La Justicia federal reabrió una investigación sobre contrataciones en uno de los organismos más señalados durante la gestión de Cambiemos: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El expediente, que data de 2018, había sido archivado este año, pero tras evaluar un escrito de apelación de la fiscalía de Alejandra Mángano y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el juez Marcelo Martínez De Giorgi decidió revocar su decisión en los últimos días, según confirmaron PERFIL dos fuentes con acceso directo al expediente. El archivo de la causa se había basado en la instrucción del juez Claudio Bonadio.
La investigación se centra en las contrataciones de nueve personas y trece empresas (en 16 expedientes distintos) para construcción de edificios, espectáculos, publicidad, cajas navideñas, seguridad privada y obras de arte por millones de pesos.
La causa había sido archivada por “inexistencia de delito” en base a la instrucción que realizó Bonadio entre 2018 y fines de 2019. El magistrado falleció en febrero de este año. El juez Martínez De Giorgi se hizo cargo del juzgado como subrogante.
En los últimos meses, Martínez De Giorgi debió revisar los expedientes que permanecían abiertos en el juzgado de Bonadio. Uno de ellos se basa en una denuncia de la Junta Interna Lista Naranja de ATE que representa a los trabajadores del INTI y en otra denuncia de Margarita Stolbizer.
Javier Ibáñez, el ex titular del INTI, dice que el caso “no prosperó porque no había pruebas”
Archivo. La fiscal Mángano tomó conocimiento de que la causa había sido archivada el 17 de septiembre, a través de la consulta electrónica del expediente. El 28 de septiembre, junto con el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó al juez que revoque la decisión de archivar el expediente, que, de acuerdo al escrito presentado, fue “prematura” y dejaba varios puntos clave sin investigar. Tras la apelación, el juez, además de revocar el archivo, delegó la investigación en la fiscalía.
Según la apelación, la causa estaba a medio camino: no se recolectaron pruebas específicas sobre los contratos, sólo se analizaron 6 de los 16 expedientes denunciados y Bonadio no había ordenado varias de las medidas solicitadas.
En el pasado, la fiscalía de Mángano y la PIA habían pedido analizar documentación faltante en la causa; determinar si las empresas, contratadas en muchos casos de forma directa con el argumento de la “urgencia”, tenían capacidad e idoneidad para ser proveedoras del Estado; y si estaban o no relacionadas con los entonces funcionarios.
Los fiscales también habían solicitado a Bonadio investigar si las obras y servicios se habían concretado o completado; además de analizar las actuaciones de los funcionarios que activaron y aprobaron esas contrataciones, y quienes, en varios casos, de acuerdo al expediente, no contemplaron otras ofertas, invitaron directamente a las empresas a cotizar, y luego las contrataron.
Respuesta. Ante la consulta de este medio, el expresidente del INTI durante la gestión macrista, Javier Ibañez, sostuvo que la causa “no prosperó porque no había pruebas” y que las denuncias fueron motivadas por “una venganza por la reestructuración que se hizo en el INTI, en la que los líderes sindicales perdieron el poder interno y las elecciones, y suelen ganar representatividad atacando nuestra gestión”.
Durante la gestión de Ibañez, un hombre del PRO porteño, el INTI despidió a 317 personas, la mayoría de ellos miembros de ATE, quienes vienen investigando y denunciando distintas contrataciones del organismo.
Una de las contrataciones investigadas es la compra de cajas navideñas durante diciembre de 2017 por un valor total de $2,3 millones a una empresa de artículos para la construcción, que un mes antes se había inscripto para la venta al por mayor de chocolates y artículos de kiosco; y cuyo domicilio no pudo ser constatado durante la instrucción de la causa.
Otra contratación directa denunciada fue la de una empresa de seguridad. Invocando “urgencia”, la gestión de Ibañez la contrató por seis meses y por más de $14,8 millones. La compañía siguió prestando servicios sin pasar por licitación, una vez finalizada “la urgencia”, hasta que en febrero último la nueva gestión cortó el servicio.
Mariano Zlatanoff, exgerente general del INTI, dijo a este medio ante la consulta sobre las contrataciones investigadas: “Los procesos de contratación del INTI no estaban debidamente reglados, ni se adecuaban a los parámetros del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública (Decreto 1030/2016). Por ese motivo, el Consejo Directivo del INTI decidió dictar un reglamento de contrataciones, en línea con el que rige para toda la administración pública, de modo de que los bienes y servicios puedan ser adquiridos con la mayor eficiencia, en el momento oportuno y al menor costo posible”.
