La Inspección General de Justicia (IGJ) le puso freno a un grupo de empresarios que pretendían formalizar una especie de “consultora” contra los “bloqueos sindicales extorsivos”. El ente le negó la inscripción.
Mediante la Resolución 516, el organismo que depende del Ministerio de Justicia desestimó el pedido “para funcionar” de la entidad llamada Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) porque sus propósitos “no se ajustan a los estándares de bien común o interés general que requieren las asociaciones civiles”.
El grupo había establecido como objetivo principal ayudar a “aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ‘accionar delictivo’ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada”.
En la descripción de su objeto social, el MEAB se presentó como una "red de ayuda y asistencia integral" para distintas empresas orientada a crear proyectos e impulsar medidas "que conlleven al mejoramiento de las condiciones generales de la actividad empresarial y/o comercial en pos del desarrollo productivo, la inversión y de la generación de puestos de trabajo”
Los argumentos de la IGJ para rechazar al "movimiento antibloqueos"
El organismo que encabeza Ricardo Nissen manifestó que el objeto social del MEAB se contrapone al ejercicio de derechos de los trabajadores y definen esas formas de protesta como bloqueos extorsivos.
“Tales derechos colectivos, así como los individuales de los trabajadores, se encuentran amparados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales, y han sido calificados por la jurisprudencia como derechos humanos fundamentales”, agregaron.
Además, indicaron que “la interpretación de los asuntos que deben resolverse a través del Código Civil y Comercial no pueden disociarse de las cláusulas constitucionales, de los tratados internacionales, principios y valores jurídicos”.
El comunicado del MEAB
En un texto titulado "Atropello a nuestros derechos", el Movimiento Empresarial Antibloqueo acusó a Nissen de politizar el hecho y "proteger los privilegios de los sindicalistas que comenten ilícitos, desprotegiendo los derechos de los trabajadores.
"Vamos a seguir con nuestra lucha por un país done las pymes y sus trabajadores puedan trabajar en paz", agregaron en el comunicado. Finalmente, compartieron una nota de PERFIL donde se ponía en duda la designación de Nissen.
Se trató de una presentación judicial de Margarita Stolbizer y la abogada Silvina Martínez donde lo acusaban de "presentar libros societarios adulterados a la Justicia" y ser "apoderado de Hotesur".
GI / LT
