La polémica por los fondos para las personas con discapacidad escaló en las últimas horas, luego de que las obras sociales no hicieran los desembolsos. Entre tanto, siguen las denuncias de distintos sectores de la salud. Afirman que desde el Estado, a través de la Superintendencia de Seguros de Salud (SSS), no se realizan los pagos.
En el Gobierno aseguran que la SSS comenzó a regularizar los pagos pendientes y niegan que haya un ajuste. “Este año de los tres financiadores ya tenemos aprobado un incremento del 69%”, destacó el titular de la Agencia de Discapacidad, Fernando Galarraga, ante la consulta de este medio.
Mercedes Posadas, psicóloga que trabaja con chicos y chicas con discapacidades, contó a PERFIL que ella, al igual que miles de colegas presentan a mes vencido las facturas a la obra social para que la SSS financie estos tratamientos, un trámite que suele tardar 35 días hábiles, dos meses.
“Este año de los tres financiadores ya tenemos aprobado un incremento del 69%”, Fernando Galarraga
“Este mes teníamos que recibir los honorarios de junio, lo cual las obras sociales no hicieron”, remarcó. “Dicen que la SSS no le mandó los fondos, ese es el reclamo. Los profesionales ya cobramos con demora, y ahora va a haber más”.
Sobre la situación que atraviesan detallaron que no saben cuando van a cobrar. “La población que atendemos es de riesgo, uno quiere seguir trabajando pero se hace muy difícil”.
Por otro lado, el Colectivo de Discapacidad salió a las calles y puso una carpa blanca durante el 29, 30 y 31 de agosto. Esto es, argumentan, “debido a la situación crítica que están atravesando las personas con discapacidad”.
El principal reclamo que llevan adelante tiene que ver con las pensiones no contributivas. Reclaman que estén acordes a la inflación: “Si bien pasaron de 16.000 a 23.000 pesos, este monto no cubre el sustento mínimo y menos aún medicamentos imprescindibles para esta población”, indicaron en un comunicado.
Además, plantean que “se transparente la coparticipación federal de recursos en discapacidad ya que las provincias, ni las obras sociales provinciales no reconocen contar con dinero suficiente para afrontar este gasto, es por eso que se producen recortes”.
La explicación oficial
Galarraga confirmó a PERFIL que desde la SSS “ya empezó a resolverse ayer”. “Desde la agencia estamos pagando al día, no hemos interrumpido el flujo de los pagos”, señaló sobre su gestión en la Agencia de Discapacidad.
Asimismo, descartó que las demoras en los pagos sean parte de un ajuste al sector. Explicó que “están buscando medidas para sanear el sistema”. En cuanto a lo presupuestario, comentó que “no hubo ningún Decreto de Necesidad y Urgencia de recorte”. “Este año de los tres financiadores ya tenemos aprobado un incremento del 69%, no entiendo porque se habla de recorte si los incrementos se aprobaron”, comentó.
Desde la SSS se comunicaron con PERFIL y aclararon que “puede haber una demora de cinco días”, al descartar que haya una quita de pagos o un recorte en el presupuesto.
“El prestador factura y a los diez minutos quiere cobrar”, explicaron fuentes de la SSS. “La obra social tiene 60 días para pagar, está dentro de lo legal. En el medio hay que auditar las facturas y demás”, contaron y remarcaron que “se está girando el dinero en tiempo y forma, y no hay quitas”.
Juntos por el Cambio pide explicaciones
Una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por los radicales Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile, presentó un proyecto para pedirle información al Ejecutivo sobre la demora en los pagos de las prestaciones.
Los diputados quieren saber “si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa”.
Junto a 20 @DiputadosAR solicitamos una respuesta oficial por las demoras en los pagos a los prestadores de servicios de salud en discapacidad. Decimos #NoAlAjusteEnDiscapacidad y pedimos la inmediata reactivación de pagos que garanticen las prestaciones a miles de argentinos. pic.twitter.com/ssCEB3ujxQ
— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) August 29, 2022
“La irregularidad de los pagos perjudica tanto a los trabajadores prestadores de servicios de salud como a los beneficiarios de las mismas por la suspensión de sus tratamientos, personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al encontrarse con diversas barreras, ven impedida su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, señalaron. en la presentación.
