Agencias
Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de Néstor Kirchner, sufrió ayer una derrota: la Justicia ratificó que seguirá siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Fue luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara un recurso de su defensa para que sea declarado “inconstitucional” el delito que se le imputa, con lo cual el fallo ratifica la continuidad de la investigación sobre el ex funcionario por poseer bienes que presuntamente no podría justificar.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara, que entendió que el planteo no fue realizado contra una “sentencia definitiva”. Esto quiere decir que Jaime podría intentar nuevamente la inconstitucionalidad de uno de los delitos por los que está imputado, pero recién cuando llegue el juicio oral y público.
La medida alcanza a otros imputados por enriquecimiento ilícito: la esposa de Jaime, Silvia Reyss, y las hijas de ésta, Agostina Soledad Jayo y Lorena Jayo.
El artículo 268 del Código Penal establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50 al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño”.
El “enriquecimiento ilícito” es el único delito del Código Penal en el que se “invierte la carga de la prueba”, es decir que una persona acusada por esa figura es considerada culpable a menos que demuestre su inocencia.
Según la defensa de Jaime, el artículo en cuestión “debe ser declarado inconstitucional en razón de que viola la presunción de inocencia que asiste a todo imputado de haber cometido un delito al imponerle la carga de justificar un supuesto incremento patrimonial por el mero hecho de estar imputado en una causa penal”.
Pero la Casación, con las firmas de los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, rechazó el planteo.
Hace una semana, otra sala de esa cámara, la sala IV cuyos fallos siempre coinciden con los intereses del Gobierno, lo salvó de un juicio oral por dádivas.
