Revés para Moyano en la obra social de camioneros

La obra social de camioneros seguirá siendo investigada por la Justicia en una causa por supuesta defraudación en el financiamiento de tratamiento, a pesar de la voluntad del titular de la CGT, Hugo Moyano, para frenar cualquier tipo de requisa.

Así lo decidió ayer la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal que rechazó un recurso de casación presentado por la defensa del camionero. El fallo reafirma lo que el mismo tribunal habían decidido el pasado 6 de septiembre, cuando desestimó una apelación de Moyano, para que se invalidara una serie de medidas de prueba que habían sido ordenadas por el juez que entiende en la causa, Claudio Bonadio.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las resoluciones que resuelven nulidades no constituyen, por regla, sentencia definitiva ni equiparable a tal por su efectos”, sostuvo la Sala en su escrito de apenas dos hojas.

El fallo asevera que “no se han expuesto fundamentos que demuestren la concurrencia de una excepción al principio enunciado pues no basta con aducir un gravamen de imposible o difícil reparación para que pueda equipararse un fallo a sentencia definitiva, sino que es necesario señalar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole”.

La obra social de camioneros, que es controlada por Liliana Esther Zulet, mujer de Moyano, fue denunciada por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos que la Administración de Programas Especiales (APE), que el ministerio de Salud le entregó. El 10 de mayo pasado, hubo allanamientos en las dependencias de la obra social para determinar si en efecto había lejagos de pacientes truchos cuyo único fin era el cobro de subsidios.