Revista Noticias vs. Carlos Menem: crónica de un juicio que hará historia
La Corte Interamericana trató el castigo judicial a la revista por la revelación en 1995 sobre el hijo no reconocido del ex mandatario. Fotos.
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Revista Noticias
Durante el 24 y el 25 de agosto, en Bogotá, Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ocupó del caso que involucra a NOTICIAS y a dos de sus exdirectivos en un juicio contra el Estado argentino, originado en una causa que se inició durante el gobierno de Carlos Menem.
Se trata de una instancia clave porque, a partir de los resultados de esta audiencia pública, el conflicto de intereses planteado entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad puede derivar en un cambio de la legislación a nivel regional.
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El expresidente inició entonces una querella contra Fontevecchia y D'Amico que derivó en una condena civil por daño moral por parte de la Corte Suprema del menemismo.
NOTICIAS acudió entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por una iniciativa de su titular, Horacio Verbitsky.
La pregunta esencial. En Bogotá, la encargada de introducir el tema fue Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Botero enumeró los hechos que había abordado NOTICIAS en torno al hijo no reconocido del entonces presidente, al incumplimiento del deber legal de Menem de reconocerlo, que incluía el pago de una cuota a su madre, las amenazas de muerte a Carlitos Nair y la gestión ante el presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, para buscarles asilo.
Menem inició entonces la demanda por un millón y medio de dólares con el objetivo declarado de defender su vida privada. La sentencia de la Corte Suprema argentina, que presidía entonces el riojano Julio Nazareno, determinó que Fontevecchia y D'Amico deberían pagar 60.000 dólares, monto que con costas y tasas legales superó los 240.000 dólares.
“La pregunta que hay que responder es si la sociedad argentina tenía derecho a conocer estos hechos y si la revista y los periodistas tenían derecho a publicarlos”, dijo Botero.
Después, lo consideró un caso de “notable interés para el orden público interamericano porque se trata del primero para reparar en el alcance de la protección de la vida privada de los altos funcionarios públicos y porque puede aportar criterios más precisos para resolver la tensión entre el derecho a la vida privada y la libertad de expresión. La Corte tiene la oportunidad de profundizar sobre los criterios y proporcionalidad de los montos para evitar que el derecho civil pueda ser utilizado como una forma indirecta de censura”.
