El juez federal Sebastián Casanello firmó ayer un pedido de colaboración internacional para solicitar a Estados Unidos los datos de todos los involucrados en el caso de lavado de dinero y la ruta del dinero K.
La medida tiene como finalidad que todo registro que haya en ese país sobre bienes, sociedades y cuentas bancarias que estén a nombre de cualquiera de los imputados en su expediente sean informados a la Justicia argentina.
Por la causa están procesados Lázaro Báez, su hijo Martín, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, los empresarios Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky. En expediente, también figuran como investigados Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín, Daniel Bryn y Mario Acevedo Fernández.
Esta es la primera vez que Casanello solicita información a Estados Unidos, aunque ya lo había hecho con otros países, como Panamá, Uruguay, Belice y Suiza.
El pedido incluye también una solicitud para que la justicia del estado de Nevada envíe la información que promovió allá el fondo buitre NML, de Paul Singer, cuya estrategia es rastrear las empresas de Lázaro Báez basada en el argumento de que el dinero obtenido proviene del lavado y podría cobrarse de allí los bonos defaulteados.
Ruta del dinero. La investigación que inició en 2013 el fiscal José María Campagnoli fue el puntapié para seguir la ruta del dinero K al comprobarse que 65 millones de dólares salieron del país y volvieron blanqueados mediante la compra de bonos soberanos argentinos entre el 14 de diciembre de 2012 y el 8 de abril de 2013. El dinero fue depositado en las cuentas de Austral Construcciones, donde Báez es propietario.
El grupo NML explicó que los fondos de la ruta del dinero salen del país por Uruguay, Panamá, Belice y las Islas Virgenes, se transfiere a bancos pequeños en Bahamas para convertirse en dólares e ingresar al sistema internacional bancario. Los dólares van a Estados Unidos donde empresas controladas por Báez en Nevada acumulan activos sudamericanos.
