El ex gobernador bonaerense y actual diputado nacional Daniel Scioli fue citado a declaración indagatoria para el 3 de mayo en el marco de la causa que investiga la adjudicación de manera irregular de las obras para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en territorio de la Provincia. En este caso, Scioli es acusado por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que se suman a otras causas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que ya posee el ex postulante presidencial.
La causa fue originada por una denuncia que realizó en 2016 la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y otros integrantes del espacio oficialista, que también involucra al ex ministro de Salud de la Provincia Alejandro Collia y que pone el foco en la empresa Miller Building International SA –adjudicataria de las obras– y la “relación personal y comercial que el gobernador mantenía con su presidente y accionista mayoritario” Ricardo Estanislao Miller, que también fue citado a indagatoria un día después que Scioli.
El auto de citación al que tuvo acceso PERFIL, cursado por el fiscal Alvaro Garganta, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de La Plata, relata que luego de comenzar a ser adjudicatario de obras públicas Miller le alquiló a Daniel Scioli –a través de la empresa Capanone SA de la cual era socio mayoritario– “un complejo hotelero ubicado en Villa La Ñata por un precio millonario que se encontraba prácticamente sin terminar”.
Luego de que se realizaron “innumerables mejoras de calidad y con la particularidad de que nunca fue explotado comercialmente por el empresario”, se lo terminó comprando por un valor de US$ 3.800.000 en enero de 2017, un mes después de haber blanqueado una suma similar aprovechando los incentivos del gobierno de Mauricio Macri. El texto también menciona que el vínculo personal entre ambos se extiende a la utilización por parte del ex gobernador de dos helicópteros propiedad de Miller, para realizar viajes con destino/procedencia en Villa La Ñata.
Es decir que mientras Miller mejoraba y ampliaba el predio ubicado junto al Dique Luján, en el partido de Tigre (que luego compró a una cifra millonaria) el gobierno de Scioli le otorgaba la realización de obras en licitaciones donde las empresas que se presentaban, en varios casos, no estaban inscriptas en el registro de proveedores del Estado, no realizaban ofertas o no podían cumplir con los plazos y dejaban a Miller como la única opción válida.
La defensa de Scioli, a cargo de los abogados Alfredo Gascón y Miguel Angel Molina, confirmó que el ex gobernador “responderá todo interrogatorio que se le formule en oportunidad de la audiencia fijada por la Fiscalía” y negó “terminantemente que haya habido tráfico de influencias o irregularidades” de su parte. Según explicaron los defensores, “todas las licitaciones y contrataciones del gobierno provincial fueron regulares y aprobadas por los organismos de control”. Allí aclara además que “el gobernador no interviene nunca, por disposiciones constitucionales y legales, en este tipo de contrataciones”.
En la vereda contraria, la Coalición Cívica celebró el avance de la causa. “Lo decíamos en 2016. Hoy seguimos buscando que la Justicia avance. Celebramos que el ex gobernador Scioli empiece, aunque sea de a poco, a rendir cuentas”, dijo el diputado Juan Manuel López. En igual sentido se pronunció la titular de la CC ARI bonaerense, Maricel Etchecoin, quien resaltó: “Por suerte Cambiamos con María Eugenia Vidal”.
