Desde que asumió Cristina Kirchner en 2007, la población carcelaria no ha dejado de aumentar. En los primeros cinco años de su mandato, unos 10 mil presos se sumaron a las cárceles. Actualmente hay más de 60 mil internos, en una curva que asciende y no se detiene. Los datos son oficiales: pertenecen al Sistema Nacional de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia.
El aumento de la cantidad de personas en prisión resultó incapaz de reducir la preocupación por la inseguridad.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la población carcelaria se mantuvo más o menos igual, clavada en poco más de 50 mil internos. Venía de una curva ascendente desde 1996, que se detuvo en 2003, y reflejaba el acompañamiento del deterioro económico, que excluyó a miles de personas del sistema. Con Kirchner hubo una suerte de amesetamiento, producto del crecimiento de la Argentina. Pero desde que tomó el bastón Cristina Kirchner, la tendencia cambió. Pasó de 52.457 a 62.263 presos en un lustro. También es significativo el perfil de quienes son detenidos.
Los jóvenes de entre 18 y 30 años conforman el 64% de la población carcelaria. Son, en total, más de 38 mil, es decir, más de la mitad de los que están entre los muros. Al momento de ingresar, la mayoría de ellos tenía apenas el primario completo y ningún otro estudio. A los más vulnerables, que son los que se mantienen en las cárceles, les cuesta salir: no tienen abogados que puedan mover sus expedientes. Es por eso que la mitad de los presos –incluyendo otros rangos etarios– no tienen condena.
Afuera se generan las condiciones para que más jóvenes estén en riesgo de ser arrestados. Los chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, o tienen una “changuita”, son 1,5 millones. El Gobierno lanzó para proteger a esa franja etaria el plan Progresar, un subsidio de 600 pesos para incentivarlos. Sin embargo, de acuerdo con Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, hasta que no se combata en serio al narcotráfico ninguna política oficial será eficiente. “Hoy, a los pibes les resulta más rentable vender droga en el barrio que trabajar o estudiar”, explica en diálogo con PERFIL. Y agrega otro dato: “Es cada vez más fácil conseguir armas, por eso los asaltos son cada vez más violentos”. El delito más cometido en la provincia de Buenos Aires y el interior del país es robo agravado por el uso de armas, según los registros. El Gobierno aplica, además, otras políticas sociales que apuntan a la contención, como el programa de la asignación universal por hijo o Conectar Igualdad. No contuvieron el aumento de la cantidad de personas involucradas en delitos que terminan en la cárcel.
El titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, explica a PERFIL que las fuerzas de seguridad ponen a los más chicos en situaciones vulnerables. "En una villa, el pibe que estudia cada vez que sale o entra tiene que mostrar el documento; a veces son demorados por averiguación de antecedentes, y a veces quedan detenidos. Y terminan dejando el estudio o incluso un trabajo", indica en diálogo con este diario.
Los funcionarios del gobierno nacional tienden a identificar la inseguridad como un problema derivado de la instalación de agenda por parte de los medios. “Tenemos las tasas de homicidios por habitantes menores que Brasil, muy por debajo de México, iguales o mejores que Chile o Uruguay. Hay 2.400 homicidios por día. Siempre hubo homicidios”, interpreta un ministro en diálogo con PERFIL.
Es sólo una parte de la realidad. Marcelo Saín, ex jefe de la Policía Aeroportuaria y actual diputado provincial por Nuevo Encuentro, aporta un dato en ese sentido: “Los delitos entre 2003 y 2008 en la Provincia bajaron, y sin embargo la sensación del ciudadano de sentirse inseguro no bajó”.
Un miembro de Procuvin se encontró con que, según el Censo 2001, en una villa importante del Conurbano una parte de la pirámide poblacional había desaparecido por completo. Eran jóvenes que estaban muertos o presos y por eso no aparecían en los registros. Córdoba dijo a PERFIL que hay más presos porque hay una mayor criminalización sobre todo de los sectores vulnerables, que las fuerzas de seguridad detienen con “los mismos indicadores discriminatorios de siempre”. ¿Hay más delitos? Es una pregunta sin respuesta, aunque, a juzgar por lo que entienden especialistas, hay cada vez más y son cada vez más violentos.
