POLITICA
la investigacion por el atentado a la amia

Seguirá demorado el juicio por encubrimiento

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Pese a la intermediación de la Corte Suprema, el inicio del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA continuará demorado. Los jueces del tribunal oral informaron a la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, que “no podrán ponerlo en marcha con esta conformación”. Además, cuestionaron la intromisión del máximo tribunal, tras varias reuniones entre ellos.
Se trata de los magistrados Karina Perilli, Néstor Costabel, Jorge Gorini y Domingo Altieri, de diferentes tribunales, cuyas agendas por otros juicios les impediría coordinar el proceso en común.
Además, Gorini, presidente del Tribunal Oral 2, lleva a cabo el juicio por la tragedia de Once, por lo que habría aducido que se le dificultaría llevar adelante dos procesos. Entre los jueces, se desatacó el malestar por la injerencia de la Corte.
Ricardo Lorenzetti se reunió hace unos días con los representantes de las querellas, lo que motivó el pedido al tribunal de Casación para “agilizar el juicio”.
En tanto, fuentes con acceso a la causa explicaron a PERFIL que la Corte mantendría en análisis tres recursos extraordinarios relacionados con la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, que resultarían de relevancia para el inicio del proceso oral. El más complejo sería el presentado por la defensa del ex juez federal a cargo de la investigación, Juan José Galeano, quien habría recurrido una resolución de Casación sobre la “cosa juzgada írrita”, es decir vicios y fraudes en la investigación que ameritarían la apertura de otra pesquisa o la revisión de la causa.
Sin embargo, la resolución de este recurso podría perjudicar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sobreseída por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal por el juez Norberto Oyarbide. Si la Corte emitiera un dictamen “desfavorable” a Galeano, sentaría una jurisprudencia que podría sustentar la reapertura de la causa contra la primera mandataria en pleno año electoral. Ocurre que ciertos sectores judiciales creen que esa misma figura podría ser usada para reabrir las causas de enriquecimiento que fueron cerradas.