El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este martes 5 de mayo que “liberar a un violador a media cuadra de su víctima es un hecho de provocación que irrita a la sociedad” y calificó esa decisión de un juez de “torpe” e “irresponsable”, en el marco de una conferencia de prensa en La Plata junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Justicia, Julio Alak.
“Los bonaerenses hemos sido muy pacientes esta semana al esperar una mínima explicación del Poder Judicial, que nunca ha llegado. Ahora, la Justicia tiene la facultad de ordenar todo este gran desorden que ha provocado en este marco de la pandemia”, agregó Berni en la conferencia donde se anunció la ampliación de 1.350 plazas del sistema penitenciario bonaerense".
Por su cuenta, Kicillof sostuvo que “este Gobierno no está de acuerdo, no coincide, y en muchos casos le parece aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a alguien que ha cometidos delitos de gravedad, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión”, y también le envió un mensaje a la Justicia de la provincia de Buenos Aires. "Espero que esto se revierta. Tengo fe que la Corte Suprema (bonaerense) con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer porque hay división de poderes y lo respetamos. Sí puedo ampliar la capacidad y la seguridad sanitaria del sistema carcelario”, afirmó.
Las palabras de los funcionarios bonaerenses se dan luego de que este lunes el fiscal ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, Carlos Altuve, presentara un escrito ante la Corte bonaerense para que se declare la inconstitucionalidad de la medida dictada por el camarista Víctor Violini que otorga prisiones domiciliarias a presos de riesgo, en medio de la pandemia de covid-19.
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Altuve llegó con un recurso de queja ante el máximo tribunal de justicia de la provincia, luego de que su presentación haya sido rechazada por Casación. A partir de la presentación, la Corte tiene ahora dos posibilidades: declarar admisible o inadmisible el recurso de Altuve. Todo indica que sucederá lo primero y que, de esa forma, abriría el tratamiento de la presentación. La Corte bonaerense está conformada por Daniel Soria -actual presidente del cuerpo-, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari. Serán ellos entonces quienes a partir de hoy deban decidir sobre el tema.
Debate. La polémica por las salidas de los presos en medio de la crisis carcelaria que generó el coronavirus no termina. Si bien los números oficiales indican que el otorgamiento de las excarcelaciones no es indiscriminado, algunas libertades provocaron un enorme repudio. Es el caso de abusadores sexuales, femicidas, represores y narcos que, pese a tener condenas elevadas, fueron beneficiados con arresto domiciliario al menos hasta que termine la emergencia sanitaria. Las salidas comenzaron a darse pocas horas después del decreto que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.
El caso de Pedro Olmos (68) es, probablemente, el que más revuelo generó en la opinión pública porque el abusador regresó al barrio en el que atacó a su víctima, una nena de 13 años a la que supuestamente sometió en un cumpleaños familiar. Olmos fue apresado en septiembre del año pasado después de permanecer prófugo durante cinco meses, un antecedente que generalmente condiciona cualquier pedido de libertad anticipada. La Cámara de Casación Penal bonaerense ordenó su salida de prisión porque el acusado es mayor de 65 años, padece hipertensión y osteoporosis. Víctor Violini explicó que Olmos está postrado en una cama y que además se encuentra bajo arresto domiciliario. Por eso lo dejó salir.
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Números generales. A pesar de los graves casos registrados, PERFIL pudo constatar que no hay salida masiva de presos; que la mayoría de los que salieron de prisión no cometieron delitos graves; y que las acordadas de la justicia que instan a descomprimir en la medida de lo posible la población carcelaria no son de cumplimiento obligatorio, siguen las recomendaciones internacionales, y piden extrema cautela con delitos graves.
Para empezar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaron a los Estados miembros (Argentina es uno de ellos) a adoptar medidas urgentes para evitar la propagación del virus en lugares de encierro y a reducir la sobrepoblación. En la Provincia de Buenos Aires hay 43.500 presos, mientras que tiene capacidad para tener 21 mil detenidos, menos de la mitad. Entre el 17 de marzo y el 17 de abril, de ese total 2.200 salieron de prisión, 599 con domiciliaria. La cifra representa el 5 por ciento de la población carcelaria.
Además, 1.601 obtuvieron la libertad por distintos motivos procesales y no solo por el coronavirus (cumplimiento de la pena, libertad condicional, entre otras cosas). Según un informe del SPB, el 90% de esas salidas fue por delitos menores. El 10 por ciento corresponden a delitos graves. El mismo informe confirma que en 2019 hubo más libertades en el mismo período (superior a 1700). En promedio, el 60 por ciento está detenido con prisión preventiva, es decir, son potencialmente inocentes por la inexistencia de una condena firme. Por último, en el Servicio Penitenciario Federal la población carcelaria es de 13.000 internos. De ese total, sólo se otorgaron 320 domiciliarias.
