La polémica por las salidas de los presos en medio de la crisis carcelaria que generó el coronavirus no termina. Si bien los números oficiales indican que el otorgamiento de las excarcelaciones no es indiscriminado, algunas libertades provocaron un enorme repudio.
Es el caso de abusadores sexuales, femicidas, represores y narcos que, pese a tener condenas elevadas, fueron beneficiados con arresto domiciliario al menos hasta que termine la emergencia sanitaria.
Las salidas comenzaron a darse pocas horas después del decreto que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.
Uno de los primeros detenidos que dejó la cárcel fue el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso (61), condenado a 13 años de prisión por haber recibido pagos a cambio de beneficiar a narcotraficantes.
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La decisión la adoptó el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Salta porque el ex magistrado es diabético y está en los grupos de riesgo.
Como en la mayoría de los casos -vale aclarar- se trata de una medida excepcional y temporaria. En este caso corre por sesenta días. Vencido ese plazo el ex juez salteño deberá regresar a su lugar de detención.
El mismo día que Reynoso volvió a su casa el TOF N° 5 de San Martín firmó la salida de un abusador sexual que estaba detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Se trata de Miguel Angel Holotte, un criminal sexual condenado a seis años de prisión. Los argumentos que expuso su defensor -y que los jueces avalaron- describen un cuadro grave de salud: "Insuficiencia renal, cardiopatía, anemia e hiperlapsia prostástica", entre otras complicaciones.
En el fallo, los jueces pidieron que su vigilancia sea "mediante un dispositivo electrónico de control" porque temen que pueda fugarse.
El caso de Pedro Olmos (68) es, probablemente, el que más revuelo generó en la opinión pública porque el presunto abusador regresó al barrio en el que atacó a su víctima, una nena de 13 años a la que supuestamente sometió en un cumpleaños familiar.
Olmos fue apresado en septiembre del año pasado después de permanecer prófugo durante cinco meses, un antecedente que generalmente condiciona cualquier pedido de libertad anticipada.
La Cámara de Casación Penal bonaerense ordenó su salida de prisión porque el acusado es mayor de 65 años, padece hipertensión y osteoporosis. Víctor Violini explicó que Olmos está postrado en una cama y que además se encuentra bajo arresto domiciliario. Por eso lo dejó salir.
Otro violador que regresó a su casa por la excusa del coronavirus es Jorge Lucero, condenado a la pena de 11 años y 9 meses por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en un hecho ocurrido en 2016. Según su ficha carcelaria debería recuperar su libertad dentro de seis años.
Dentro de la categoría represores figuran varios. Por ejemplo, el ex policía y represor Carlos Reinhart (65) que salió a principio de abril. Estaba en la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal, de La Pampa, donde cumplía una doble condena, a 20 años y 14 de prisión, tras comprobarse que aplicaba la picana eléctrica durante las sesiones de tortura en la Seccional Primera de la Policía de La Pampa.
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En Mar del Plata despertó un enorme repudio la excarcelación del femicida Héctor Barroso (62), preso en el penal de Batán por haber asesinado a dos mujeres en agosto de 2004.
Barroso cumple una pena de 25 años de prisión. Su condición de hipertenso, que aumenta la letalidad en el caso de infectarse de coronavirus, le permitió salir por un tiempo de prisión.
En Mendoza, Diego Arduino (30), un asesino que lleva catorce años encerrado por el crimen del comunicador social Alejo Huanu, dejó el encierro pese a que en febrero pasado le habían rechazado el pedido de libertad condicional. Igual beneficio recibieron el presunto narco César Montiveros (54), detenido desde el año con dos kilos de cocaína, y el ex profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo, Mario Aguirre (67), sospechado de abusar de seis alumnas.
Otro violador alcanzado por el efecto coronavirus es Antonio Armando Di Palma (57), quien salió apenas seis meses después de haber sido detenido.
La acusación que pesa sobre él es grave: "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal", pero el cuadro de hipertensión y diabetes que padece, sumado al riesgo de contagio de Covid-19, le permitió volver a su casa mucho antes de lo que hubiese imaginado. Como otros tantos convictos, el coronavirus llegó para aliviar su condición de detención, al menos hasta que termine esta emergencia sanitaria.
LN / DS
