El director ejecutivo para las Américas de la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se manifestó este miércoles a favor de la liberación de un grupo de presos de las cárceles argentinas por causa de la pandemia del coronavirus. “Sin titubeos, abogamos por la liberación de presos como una medida imprescindible para reducir el hacinamiento”, escribió.
El activista remarcó que “el culpable de homicidio, el violador, sin duda debe cumplir la pena”, pero que “hay muchos reclusos por delitos no violentos que pueden ser puestos en libertad temporalmente, mientras dure la crisis, sujetos a vigilancia electrónica u otras medidas”. Vivanco cree, durante el brote de COVID-19, que el gobierno argentino “debería considerar alternativas a la prisión para ciertas categorías de detenidos que no amenazan la seguridad pública” y propone:
- Los que están en prisión preventiva por delitos no violentos.
- Adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, teniendo en cuenta el tiempo de pena cumplido, la gravedad del delito y el riesgo de su liberación para la sociedad.
- Condenados por delitos no violentos próximos a cumplir la pena.
“La perspectiva de que el Covid-19 convierta a las cárceles argentinas en incubadoras para propagarse es una amenaza para todos, no solo para los reclusos”, agregó Vivanco, para quien es “crucial reducir la superpoblación”. “En los penales de la provincia de Buenos Aires hay casi 52 mil reclusos y 24 mil plazas. El distanciamiento social es prácticamente imposible. Hay que reducir el hacinamiento, lo que es también fundamental para mejorar la higiene y el cuidado médico”, recordó. Afirmó en este punto que la liberación de presos “se puede hacer de forma segura”.
A principios de abril, la HRW ya había manifestado su apoyo a la reducción de población carcelaria en América Latina, segura de que las prisiones pueden convertirse en una bomba de tiempo en la lucha contra COVID-19. "Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino también al resto de la población", había dicho Vivanco. “Las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible”, agregó.
La organización dijo que, una vez que el coronavirus ingresa en las cárceles “podía propagarse rápidamente e infectar a personal, contratistas, visitantes, abogados y reclusos que luego sean liberados, y llevar así la enfermedad a la población en general”. Ante ello, los gobierno deberían “tomar medidas urgentes para prevenir un desastre de salud” causado por un brote dentro de las cárceles, que “también tendría consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población”, dijo HRW.
Alberto Fernández: "Quieren hacer creer que va a haber una salida masiva" de presos
Según la organización, los gobiernos tienen alternativas a la detención en los siguientes casos:
- Personas en prisión preventiva por delitos de baja gravedad o no violentos, o que no representen un riesgo significativo de fuga.
- Personas en establecimientos con régimen semiabierto que trabajan en la comunidad durante el día;
- Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH. Las evaluaciones deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido, la gravedad del delito y el riesgo que su liberación representaría para la sociedad.
- Personas que cuidan a otras y fueron acusadas o condenadas por delitos no violentos, incluidas mujeres y niñas encarceladas con sus hijos y los presos que son los principales cuidadores de niños y niñas.
- Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta.
- Otras personas cuando resulte innecesario o desproporcionado que sigan detenidas.
En cuanto a los presos que no deben ser liberados, la ONG pide:
- Diseñar planes integrales de prevención y respuesta frente al COVID-19 en los centros de detención que no consistan exclusivamente en el aislamiento, sino establecer medidas para proteger la salud física y mental de los reclusos.
- Buscar un equilibrio entre la protección de los internos y el personal, por un lado, y la necesidad de contactos familiares y sociales, por el otro, además de proteger el derecho de acceso a un abogado.
- Asegurar el acceso al agua potable; brindar productos de higiene e información sobre la enfermedad a los reclusos; desinfectar de manera completa y periódica las celdas en comisarías, juzgados, cárceles y prisiones.
- Adoptar protocolos de seguimiento y de aplicación de pruebas de coronavirus para el personal penitenciario, los visitantes y los reclusos.
- Evitar trasladar a personas detenidas de un establecimiento a otro siempre que sea posible; y brindar servicios médicos y de salud mental a todos los reclusos, en particular a los que se hayan contagiado.
DS / Videos: Deutsche Welle
