La situación carcelaria y de sus internos atraviesa por estas horas un tiempo de cruces mediáticos. Mientras que el Ejecutivo fue quien primero apuntó a la responsabilidad de la Justicia en las decisiones de aplicar prisiones domiciliarias, en las últimas horas, esta dio a conocer su respuesta y lo señaló con dureza. Lo hicieron a través de respectivos comunicados, la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (AAJEP) y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. En sus misivas, fijaron sus posiciones e hicieron referencia a las situaciones de superpoblación de las cárceles y control de presos con arresto domiciliario, dos acciones que dependen del Poder Ejecutivo, y rechazaron posibles injerencias indebidas en su ámbito.
“Queremos llevar claridad ante los intercambios mediáticos y políticos en relación a la cuestión carcelaria frente al COVID 19, convencidos de que la crisis institucional no puede primar sobre los principios básicos de un Estado de Derecho, menos aún en el transcurso de una pandemia”, sostuvieron desde la AAJEP.
Todo se da en un contexto en el que la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires debe resolver sobre un planteo que podría poner fin a las prisiones domiciliarias en medio de la pandemia en ese territorio, mientras se espera para este miércoles la continuación de la mesa de diálogo en el penal federal de Devoto.
Cifras oficiales. De acuerdo con las Estadísticas de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2018 se registraba un total de 81525 presos en los sistemas penitenciarios provinciales y 13358 en el federal. A su vez, la Procuración Penitenciaria de la Nación suma 12326 personas alojadas en comisarías y otros lugares de encierro a los números difundidos por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). En total, en diciembre de 2018 había 103209 personas privadas de su libertad. De ese universo, sólo el 53.35 por ciento tenía condenas judiciales. Aunque no hay datos más actualizados, fuentes judiciales aseguran que la cantidad de prisiones preventivas aumentó desde esa fecha.
El bonaerense es el sistema más colapsado en términos de superpoblación y hacinamiento. Sobre ese punto precisamente apuntaron en su comunicado la agrupación de funcionarios judiciales bonaerense al afirmar que, en diciembre de 2019, la población carcelaria duplicaba el número de plazas. A lo que agregaron que, “si bien hoy la tendencia es decreciente todavía hay 45 mil internos para 24 mil lugares”. “Los datos son contundentes: las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera el sistema judicial bonaerense en el cual nos desempeñamos”, remarcaron.
Pero el descalabro no se reduce sólo a nivel provincial. En medio del escándalo mediático sobre la “liberación masiva de presos”, las autoridades dieron a conocer algunos datos preliminares. En marzo, según datos del Servicio Penitenciario Federal, eran 1278 los presos que conforman el grupo de riesgo en el marco de la pandemia de COVID-19. Se trata de personas con hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, cardíacos, HIV o inmunosuprimidas. A esa lista se sumaron presos vinculados a delitos leves o con penas menores a tres años y mujeres embarazadas o con niños menores en las cárceles. La nómina se habría conformado según criterios sanitarios y no por la gravedad de los delitos por los cuales fueron acusados o condenados.
Los pedidos de parte de la defensa de los detenidos se reparten entre los jueces de instrucción y los tribunales de apelación. En la última semana de abril, ingresaron a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires casi el doble de recursos que antes de la cuarentena. De un promedio de 15.41 recursos por día hábil pasaron a 28.6. Según pudo saber PERFIL, sólo un 30 por ciento de los casos presentados derivó en excarcelaciones (libertad o arresto domiciliario).
La otra cuarentena. El jueves, a casi una semana del motín de la cárcel de Devoto -en la que todavía se negocia la situación de unos 405 detenidos en condiciones de acceder a una libertad asistida-, la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, aseguró que “hay tobilleras electrónicas y dispositivos de control” para los 320 presos que recibieron arresto domiciliario en abril.
En la Provincia, entre el 17 de marzo (tres días antes del decreto que oficializó el aislamiento preventivo, social y obligatorio) y el 17 de abril, unos 2244 presos abandonaron los penales bonaerenses. La mayoría (1607) recuperó su libertad tras haber cumplido la condena. Los jueces dictaron 637 arrestos domiciliarios. De esos, 439 fueron por la pandemia.
Tanto desde el Poder Judicial nacional como desde el provincial aseguran que las excarcelaciones no suponen rebajas de penas, indultos, ni aplican para casos de delitos graves. No obstante, la liberación de represores, abusadores sexuales, femicidas y condenados por narcotráfico contradice las explicaciones oficiales y abre un interrogante sobre el criterio judicial de las revisiones: por qué esos casos fueron analizados con mayor urgencia que los de otros internos sin condena firme y con una salud más afectada, y cuáles son los argumentos para haberlos beneficiado.
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Resoluciones. En 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación decretó la emergencia en materia penitenciaria por el lapso de tres años, con especial detalle en el déficit habitacional en todo el país. El congelamiento de la obra pública demoró la construcción de nuevas cárceles. La capacidad de las cárceles federales se amplió con la superposición de camas dentro de los edificios ya poblados. “Las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, no compramos tobilleras, sino que actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”, dijeron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
La preocupación por la situación carcelaria creció desde marzo, a medida que avanzaba la confirmación de casos de coronavirus en el país, y obligó a revisar los informes que daban cuenta de las deficiencias del sistema médico en los penales en los últimos años. A ellos se sumaron el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura -que participa de la mesa de diálogo en la cárcel de Devoto- y diversos fueros judiciales. Todos coinciden en señalar la falta de herramientas sanitarias en las cárceles para prevenir y controlar un brote del virus pero también alertan sobre el peligro al que se exponen los trabajadores de los penales: de 7 pacientes con coronavirus en Devoto, 4 son guardias. Sin capacidad de mantener condiciones mínimas de higiene y distancia social en los lugares de encierro, sostienen que una cadena de contagios intramuros podría hacer colapsar el sistema de salud público (con el eventual traslado de presos contagiados) y poner en riesgo los resultados de la cuarentena en general.
El 9 de marzo, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó considerar a las mujeres embarazadas o con hijos dentro de las cárceles dentro de las medidas a implementar contra la superpoblación carcelaria. El 13 de abril, el máximo tribunal penal del país volvió a referirse al tema y recomendó a todo el fuero penal buscar alternativas para aliviar el hacinamiento “con los mecanismos de control y monitoreo que estimen” los tribunales en los que tramitaron las causas. Los beneficiarios serían aquellos que forman el grupo de riesgo pero también detenidos con prisión preventiva por delitos leves o no violentos, condenados de delitos no violentos cerca de cumplir la pena, condenados a penas menores a 3 años o que estén cerca de obtener salidas transitorias. En los casos de delitos graves, deberían evaluar si hay modo de asegurar la salud de los presos dentro de las cárceles, analizando caso por caso las eventuales medidas a tomar. “Cada caso concreto deberá ser resuelto jurisdiccionalmente”, recalcaron, y “deberán ser sometidos a un nuevo reexamen”, una vez acabada la pandemia en el país.
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Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi hicieron expresa mención a las víctimas: recomendaron “proceder sin desconsiderar los riesgos procesales, sin desatender el particular interés y atención de las víctimas ni la protección general de la sociedad”.
El argumento es similar al utilizado por la Cámara de Casación Penal bonaerense en el fallo que generó todo tipo de controversias sobre una “liberación masiva”. Firmada el 8 de abril por el juez Víctor Violini, la resolución consideraba “la necesidad de resguardar la vida de los internos y detenidos pero también de garantizar la seguridad de la sociedad toda”, en respuesta al hábeas corpus colectivo planteado por defensores oficiales de la Provincia.
“La solución más equitativa consiste en la concesión del arresto domiciliario a las personas contenidas en dichos listados o respecto de las que se verifiquen las situaciones apuntadas, arresto que deberá aplicarse e implementarse desde los Juzgados y Tribunales que tiene a su cargo a los prevenidos”, define. En cuanto a las “personas que se encuentren en situación de riesgo pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves, corresponde disponer que cada situación sea analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tiene a su cargo a cada prevenido, evaluando la necesidad u oportunidad de disponer una medida de arresto domiciliario o asegurando el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria”. En el caso de definir prisiones domiciliarias, remarca la necesidad de resguardar la integridad psicofísica de las víctimas, en manos de los juzgados de primera instancia.
El magistrado puntualizó la prohibición de alojar detenidos de más de 65 años en comisarías y también apuntó a los internos con prisión preventiva, que representan la mitad de la población carcelaria: encomendó a los Jueces de Garantías, correccionales y Tribunales en lo Criminal “la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando los intereses de las víctimas, particularmente en delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género”.
La decisión de Violini fue duramente criticada. Este lunes, el fiscal ante el Tribunal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, llegó con un recurso de queja ante la Corte Suprema provincial, que primero deberá decidir si admite el recurso y en ese caso, ordenar la situación que se dio en los últimos días.
Escándalo mediático, cruces y respuestas. “Desconocer la evidencia científica y las circunstancias acaecidas en otros países del mundo, tanto como proponer mediáticamente soluciones de imposible concreción en nuestro país, conforman una irresponsabilidad manifiesta”, sostuvo el comunicado de la AAJEP. “Así como también lo ha sido sancionar reformas legales asistemáticas y espasmódicas, cuya aplicación nos ha llevado a la sobrepoblación carcelaria”, agregaron en relación a la responsabilidad del Poder Legislativo.
En tanto que sobre la situación de la sobrepoblación afirmaron que por ese motivo deben “respetarse las decisiones judiciales fundadas, adoptadas para morigerar la prisión, con exclusión de delitos graves, en contemplación de los grupos de riesgo indicados por las autoridades sanitarias, así como también toda otra medida que asegure el distanciamiento social, en miras de asegurar el derecho a la salud, evitar contagios y una repentina ocupación sanitaria; y la promoción de las medidas preventivas dentro de las cárceles”. A lo que agregaron: “Siempre mediando intervención de defensores y fiscales, quienes representan a la persona condenada, al Estado y a la víctima”.
Por otro lado, y en clara respuesta a las declaraciones de parte del sector político que advirtió posibles juicios políticos a magistrados, ambas agrupaciones se expidieron sobre el tema. “Soportar en este contexto de crisis la amenaza pública del inicio de juicios políticos masivos e impulso de reformas legislativas tendientes a legitimar esos procesos, -por el contenido de las decisiones jurisdiccionales adoptadas- constituye sin dudas una afectación directa a la independencia judicial”, sostuvieron desde la AAJE. Desde el grupo de funcionarios bonaerenses fueron en la misma sintonía: rechazaron “la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”.
