El lunes Sergio Massa presentará el primer pedido de juicio político contra un juez en el marco de las liberaciones y prisiones domiciliarias que los magistrados vienen realizando por el avance del coronavirus y la amenaza de un contagio masivo en el sistema carcelario. El escrito será por la excarcelación de un detenido acusado por abuso sexual con acceso carnal contra una niña con retraso madurativo, pero se ofrece como prueba otros doce fallos en los que magistrado concedió arrestos domiciliarios a detenidos por abuso sexual, robo agravado y con prisión perpetua por homicidio.
El primero de los tres juicios políticos que presenta el lunes el titular de la Cámara de Diputados será contra el juez de Ejecución de Bahía Blanca, Claudio Brun. Según el escrito que se hará en pocas horas ante el Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, este magistrado liberó en las últimas semanas a 13 detenidos que estaban acusados de delitos graves.
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La denuncia la presentará por la prisión domiciliaria de Néstor Luis Ibars, quien fue acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una menor con retraso madurativo y la hará la abogada que representó los derechos de la víctima y un legislador del oficialismo del territorio donde se asienta el Tribunal.
Según se detalla en el texto se presentarán como pruebas contra Brun otras resoluciones que firmó: Juan Pedro Bergondi obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria a pesar de que estaba detenido por abuso sexual agravado de una menor de nueve años. También le concedió la excarcelación a Pedro Efraín Muñoz y Ricardo Roberto Moreira (abuso sexual agravado) y a Eduardo Ariel Ziegemann (abuso sexual con acceso carnal). De la misma manera falló a favor de Juan Mattioli y Claudio Molina, acusados por robo agravado por el uso de arma de fuego; Rodrigo Pereda (robo con armas); Oscar Galetti (condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía); Juan Domingo Sosa (robo agravado por el uso de armas); Federico Longiariu (robo agravado reiterado, portación ilegal de arma y reincidente por robo e intento de homicidio); y Cristian Marcelo Victola (robo agravado).
Las causales de la presentación impulsada por Massa, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez y los legisladores bonaerenses Pablo Garate y Jorge D’Onofrio, son: Violación de los deberes Inherentes a su cargo y Comisión de Graves Irregularidades en un proceso a su cargo. Se pedirá la suspensión preventiva del Juez y apartamiento de su juzgado hasta tanto se dicte sentencia de Jury.
El presidente de la Cámara de Diputados había advertido que desde el Observatorio de Víctimas de Delitos se haría un seguimiento de la actuación de los magistrados y se iniciarían por lo menos tres pedidos de juicios políticos. Los otros magistrados en la mira corresponden a los departamentos judiciales de San Isidro y Lomas de Zamora.
Según la presentación que se hará, no sólo se incumplió con la ley de víctimas por la cual el juez debe avisar a quienes sufrieron el delito que el detenido será excarcelado, sino que estos fallos tampoco cumple con las recomendaciones del tribunal de Casación de liberar a detenidos no violentos y población de riesgo.
La escalada del debate por las prisiones domiciliaria de presos hizo que el presidente, Alberto Fernández, deba decir públicamente que el Poder Ejecutivo no tenía nada que ver con los fallos de los magistrados que abusaban de las recomendaciones para evitar hacinamientos en las cárceles y apuntó contra los jueces. Al mismo tiempo y en el mismo sentido se pronunció El gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, mientras que Sergio Massa advertía sobre los juicios políticos.
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Kicillof le pidió al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, un informe detallado de los fallos judiciales en el territorio que gobierna y está contacto permanente con Massa. Desde el 17 marzo, en la provincia hubo 439 libertades relacionadas con el coronavirus sobre una población carcelaria de 42.300 (entre penales y alcaldías). En el Servicio Penitenciario Federal hay 13.086 mil internos, de los cuales 1.280 pertenecen a los grupos de riesgo. Losardo revisa caso por caso la situación de los 320 reclusos que fueron beneficiados con prisión domiciliaria. También sigue de cerca los casos de 405 detenidos que estarían en condiciones de acceder a la libertad asistida o condicional.
La presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Angela Ledesma, dijo hoy que no hubo ningún pedido del gobierno en el sentido de liberar presos y aclaró que el Ejecutivo tampoco tiene incidencia alguna en la libertad o encierro de las personas.
El 13 de abril, la Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que se recomienda a los tribunales inferiores bajo su jurisdicción evaluar la posibilidad de otorgar prisiones domiciliarias a quienes cometieron delitos "leves" o "no violentos", a mujeres embarazadas o con niños, a los que estén por obtener salidas transitorias y a los adultos mayores con riesgos de salud.
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En la misma resolución, también incluyeron a algunos detenidos por delitos graves pero, en este caso, el tribunal reclamó a los jueces actuar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo".
Ledesma sostuvo que el Gobierno “No tiene ninguna incidencia en la libertad o en el encierro de las personas. Es algo que depende exclusivamente de la justicia. Por eso se requiere de jueces independientes e imparciales que tengan la capacidad de analizar objetivamente cada caso en sentido concreto”.
