La jueza federal María Servini de Cubría solicitó el viernes el expediente que originó un llamativo operativo del Grupo Halcón de la Bonaerense en la casa de la ex mujer de Ibar Esteban Pérez Corradi, en Don Torcuato, Tigre. La magistrada es la nueva jueza del triple crimen de General Rodríguez.
El operativo generó desconcierto en la Justicia federal. Fue ordenado por un juez de Garantías de la provincia de Buenos Aires. Nadie notificó a los jueces y fiscales federales que tienen a su cargo la captura de Pérez Corradi. El allanamiento también queda envuelto en la trama detrás del triple crimen de General Rodríguez, que sigue sacudiendo al poder político y revela vínculos de miembros de la ex SIDE, la DEA, la Bonaerense, la política y las fuerzas de seguridad federales con el narcotráfico.
Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que dos efectivos de la Bonaerense declararon ante la Justicia que entraron en un violento operativo a la casa de Liliana Aurehhuliu luego de recibir la información de que Pérez Corradi se encontraba en la vivienda, armado y en situación de “extrema peligrosidad”. El Grupo Halcón tiró abajo dos puertas con arietes, arrojó bombas de estruendo e irrumpió en la casa. Pero en la vivienda sólo estaba la mujer, sus hijos de entre 7 y 12 años, y dos sobrinos.
Los agentes declararon que la información que los condujo al operativo fallido provino de la Agencia Federal de Inteliencia (AFI), la ex SIDE, enfrentada con el Grupo Halcón.
El allanamiento fue el primero de varios acontecimientos sospechosos en el caso (ver página 13). Tras la irrupción en su casa, los abogados de Pérez Corradi, Carlos Broitman y Juan José Ribelli, aseguraron que el hecho demoraba la entrega del prófugo, que supuestamente iba a darse. Broitman es defensor de narcos como Mi Sangre y los Juliá, y su esposa está acusada en un caso que reveló la supuesta complicidad de un sector del Poder Judicial con el narcotráfico (ver aparte). Ribelli es ex policía boanerense, absuelto en la causa del atentado a la AMIA luego de que la ex SIDE armara una acusación en su contra como supuesto nexo local de los terroristas. Nada parace ser casual en este caso.
Si es cierto que la AFI tenía la información de que Pérez Corradi estaba en la casa de su ex, ¿por qué no dio intervención al fiscal federal Franco Picardi, con quien viene coordinando su búsqueda en la causa de la mafia de los medicamentos? El allanamiento fallido también recordó a la Justicia el caso del Lauchón Viale, que enfrenta al Grupo Halcón y la ex SIDE. Viale, un espía de Jaime Stiuso, fue asesinado durante un operativo de drogas en 2013. Por ese caso, estuvieron detenidos siete integrantes del Grupo Halcón y tres comisarios de la Bonaerense. Los acusaban de haber orquestado un plan para ingresar a allanar la vivienda y asesinar al espía. La Justicia de San Martín desarmó ese argumento, sostenido por Stiuso. Pero todavía dos imputados siguen siendo investigados.
De acuerdo con versiones oficiales, el operativo en 2013 en la quinta de La Reja, partido de San Martín, donde vivía Viale con su familia fue parte de una acción coordinada de 18 allanamientos en una megacausa por tráfico de drogas. La principal prueba que motivó las acciones policiales fue una serie de escuchas telefónicas realizadas con autorización judicial a través de la entonces SI, hoy rebautizada como Agencia Federal de Inteligencia.
