Cinco días después de las PASO, la jueza federal con competencia electoral María Servini solicitó ayer al veedor judicial informático un informe sobre el funcionamiento del software de la empresa Smartmatic, que estuvo a cargo del procesamiento de datos del escrutinio provisorio.
Antes de las elecciones, el Frente de Todos presentó un amparo en el que pidió el apartamiento de la compañía a raíz de las fallas que registró el sistema en las pruebas previas a las elecciones primarias, que se sumaron a errores de conectividad registradas el domingo. Servini no tuvo en cuenta el amparo presentado por la fuerza opositora por la proximidad de los comicios, pero ahora retomó el tema y requirió un informe detallado.
El veedor judicial informático es Juan Antonio Franchino, un ingeniero en sistemas que se desempeña como director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, que ahora tendrá a su cargo la elaboración del informe.
El amparo presentado por Alberto Fernández pedía el “apartamiento inmediato de la empresa Smartmatic del proceso electoral en las PASO, en las generales y en la eventual segunda vuelta”. Según el candidato presidencial, la preocupación era el escrutinio provisorio “que permite instalar un resultado que no es tal. Las fallas con Smartmatic son tremendas. Me temo que el Gobierno busque manipular el escrutinio provisorio y así instalar un resultado falso”, advertía antes de las PASO.
Desde la empresa Smartmatic, representada legalmente por Chandler Molina Colmenares, de origen venezolano, difundieron datos sobre el escrutinio del domingo y marcaron la “efectividad” que permitió un “récord” para algunas provincias por la rapidez en el recuento. Sin embargo, el domingo por la noche se registró una falla que no permitía que los fiscales informáticos visualizaran la carga de datos.
Además, no se conocieron los primeros datos hasta pasadas las 22.30, cuando el presidente Mauricio Macri salió a reconocer la derrota, pese a que Servini había determinado que los datos se debían difundir a partir del 10% escrutado de las mesas electorales de la Ciudad de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, luego de las 21.
Para ese momento, ya se había contabilizado aproximadamente el 32% de los votos en la provincia de Buenos Aires y en las pantallas todavía no se registraban datos, lo que motivó suspicacias que ahora deberán ser explicadas en el informe del veedor.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había recordado que 2017, la única elección que organizó su espacio político, no había tenido denuncias por parte de la oposición y lamentó que “se hizo un deporte en Argentina respecto de cuestionar la legitimidad de las elecciones”. En esta oportunidad sí surgieron denuncias desde la oposición que deberán ser revisadas por la Justicia.
