Fortalecer y preservar las democracias en América Latina debería ser una premisa sin condicionamientos para todos los gobiernos elegidos a través del voto popular. Sin embargo las señales del gobierno argentino son contradictorias.
Desde el nacimiento de la alianza gobernante, el Frente de Todos, fue muy complejo para sus principales referentes arribar a un consenso unánime sobre el repudio a las dictaduras en la región, como en el caso de Venezuela. Tampoco fueron homogéneos los repudios a la creación de la Conadep del Periodismo.
Si bien el presidente Alberto Fernández rechazó, en su momento, la temeraria propuesta sobre la creación de una comisión para investigar la labor de los periodistas, la idea, al parecer, sigue vigente en las filas del oficialismo.
En efecto, el proyecto de ley presentado bajo el expte. Nro. 3435/19 por senadoras del Bloque Frente de Todos, en su art. 2 inc. b prevé que un acusado de delitos de corrupción tendrá exceptuada la prisión preventiva si los hechos que se le imputan fueran publicados en medios de comunicación.
Las experiencias del periodismo con la verdad
Según las legisladoras, la información periodística de las acciones de corrupción podría afectar el principio de inocencia de los implicados. Por el solo hecho de ser ventilados a la opinión pública, se eximiría entonces al funcionario de los estándares procesales aplicados a los delitos que se le imputan, y que rigen para el resto de la población.
Este principio diferenciador en una norma vulnera absolutamente los supuestos constitucionales que fundan al estado de derecho pero, lo que es más grave aún, condiciona a la prensa y a la justicia de modo autoritario, exigiendo autocensura a la primera y atando de manos a la segunda para investigar a la corrupción política en igualdad de condiciones que el resto de las conductas penales.
Bastaría una noticia publicada en un medio de comunicación, o tal vez, ¿por qué no? la viralización en redes sobre la opinión de hechos cometidos por un funcionario para activar este mecanismo procesal donde la primera víctima será la información pública y el derecho a saber de todos los ciudadanos y el principal beneficiado será el acusado, que entre otras cosas podrá desde su indemnidad, por ejemplo, seguir ejerciendo su cargo.
Alberto Fernández: "La Conadep de periodistas es un disparate, no tiene sentido"
Invierte así, el proyecto oficialista, los estándares fijados en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, que en su artículo 11 establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad” alterando de esta manera el plexo normativo en materia de derechos humanos y las garantías constitucionales de acceso a la información y prohibición de censura previa.
Por otra parte, la discrecionalidad y vaguedad de las condiciones restrictivas a la prisión preventiva supondría un control extrapoder a la prensa, ya que alguien, jueces o funcionarios judiciales, evaluarían la evolución de las noticias y la opinión periodística sobre los casos de corrupción para decidir la situación procesal de un acusado.
Tal como ya ha sucedido con el cuestionado informe que la Comisión Provincial de la Memoria elaboró para un juez, evaluando artículos periodísticos, hay quienes suponen que se puede establecer qué opinión, crítica o información debe llegarle a los ciudadanos.
La sanción de la iniciativa presentada en el senado implicaría eliminar el periodismo de investigación y junto con él, la libertad de los ciudadanos para discernir u opinar sobre los asuntos de interés público con pluralidad de fuentes de información y sin restricciones.
La presentación de este proyecto, que, esperamos no sea impulsado por las mayorías parlamentarias ni avalado por el poder ejecutivo, es una mala señal para la sociedad que necesita confianza en sus dirigentes políticos y el respeto por el accionar de la justicia sin privilegios, ni impunidad para nadie.
*Ex titular de Enacom y ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados
