Los productores agropecuarios no ocultan su malestar y sus diferencias con el Gobierno tras la imprevista baja de retenciones, que no lograron aprovechar, y las diferencias en torno al futuro de organismos descentralizados. Pero eso no significa que rompan lazos ni comiencen a generar protestas, como trascendió en los últimos días.
En redes sociales, desde el jueves, comenzó a circular un flyer convocando a una jornada de reclamos para ayer, con un tractorazo, por la medida impositiva que terminó beneficiando a un conjunto de cerealeras. Ese mensaje incluía la mención de puntos de encuentro en el interior de la provincia de Buenos Aires, como la Rotonda de Pigüé (Saavedra), el acceso a San Andrés de Giles, y Chacabuco y Olavarría (cruce de rutas 226 y 51).
Francisco Echarren, intendente de Castelli, le dio volumen a la movida compartiendo en su cuenta de X una convocatoria que no llevó firma y que no tuvo repercusión. Pese a su bronca por lo acontecido con los derechos de exportación, la Mesa de Enlace no está dispuesta a activar un protocolo de protesta y la Red Nacional de Productores Autoconvocados se encargó de cruzar la medida de fuerza.
“Frente a la convocatoria de presuntos productores autoconvocados contra ‘la estafa’, la Red Nacional de Productores Autoconvocados destaca que no estamos detrás de la misma“, señalaron en un comunicado que emitieron el viernes.
Si bien no tiene planeado patear el tablero, la patronal agraria ya avisó en cada contacto que mantuvo con la administración libertaria que pretende previsibilidad en las disposiciones y, sobre todo, que la baja de retenciones sea permanente. En la Federación Agraria van a mantener el diálogo a toda costa y argumentaron que los cambios en el tributo solo generaron “distorsión en el mercado y la imposibilidad de que el productor planifique”.
Hay otro punto de discusión entre el oficialismo y los integrantes de la Mesa de Enlace: lo qué sucederá con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el futuro de obras públicas para prevenir inundaciones y mejorar la conectividad de decenas de pueblos.
El Gobierno ya intentó aplicar la motosierra en todos los organismos que pudo, avanzando con desfinanciamiento y los despidos en cada área, mediante decretos desreguladores. Sin embargo, la Justicia y el Congreso rechazaron los decretos y el oficialismo evalúa cómo implementar ajustes que los productores no quieren.
En el caso del INTA, que para la Sociedad Rural se trata de un área clave, el oficialismo pretende avanzar con modificaciones a través de decisiones del consejo directivo que posee representantes del Poder Ejecutivo y de la Mesa de Enlace. Del lado del agro, los integrantes hace meses que repiten el mensaje que en su momento dio Nicolás Pino ante el propio Javier Milei en la Exposición Rural número 137. “Necesitamos un INTA fortalecido, no en desguace, para mejorar las exportaciones que el país necesita”, dicen.
Lo mismo ocurre con el Senasa, el organismo que se ocupa del control de la sanidad y calidad animal y vegetal. “En todo el mundo, el Estado cuida semejantes áreas, tenemos que ir por la misma vía”, subrayan en el campo.
