El juez federal Norberto Oyarbide citó a declarar a Adrián López, el apoderado de la empresa fantasma Infiniti Group, quien fue sólo una, pero la más importante, de las proveedores de facturas falsas a Skanska, para justificar “pagos ilegítimos” en la obra pública del ministro Julio De Vido.
El juez tomó la determinación luego de que el sitio Online-911 publicó un reportaje en el que López aceptó por primera vez que tuvo al menos una reunión con gente muy vinculada al ministro más poderoso de la era K. Oyarbide quiere saber si tiene algo nuevo que aportar a la causa o si López va a hacer vagas menciones, como en sus anteriores indagatorias, sobre quién le encargó “el trabajo”, en verdad una simulación, para encubrir las coimas.
En ese reportaje, López también vinculó a Néstor Ulloa con el caso. Ulloa manejaba la poderosa división Fideicomisos del Banco Nación, fue expulsado del Gobierno por el escándalo y está procesado en la causa. La citación de López para el próximo miércoles fue adelantada por el periodista Omar Lavieri en Radio Continental.
¿Dirá López ante el estrado todo lo que sabe? Es un enigma, pero en las íntimas cercanías del Ministerio de Planificación, un hombre que ya estuvo sospechado de manejos poco claros con la Justicia está tragando más saliva que lo aconsejable.
Si López se animara a confesar, se empezaría a desenrollar rápidamente una madeja controvertida y tortuosa, como todas aquellas causas que pueden jaquear al poder. Es que la causa Skanska, el primer escándalo de corrupción que sacudió a los K, se mece entre el ser y la nada.
Aquella investigación, que nació hace cuatro años y a menos de tres de que se haya conocido a través de PERFIL, aparece tironeada por resoluciones que recorren todo el aparato judicial federal. Una saga que involucra a cientos de empresas, a miles de individuos, a un puñado de funcionarios, a manejos turbios que superan largamente los 3 mil millones de pesos y en donde se indaga sobre figuras como asociación ilícita, cohecho, evasión agravada, extorsión, falsa denuncia, amenazas, sobreprecios en la obra pública, atentados y un largo listado de delitos conexos.
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