El ex vicepresidente Amado Boudou respiró aliviado. Al menos hasta fin de año no tendrá que enfrentarse a un juicio. El tribunal oral federal Nº 1 lo sobreseyó en la causa en la que se investigaba si había falsificado los papeles de un auto hace 15 años. Los integrantes del cuerpo consideraron que el delito había prescripto.
Boudou, una estrella que ascendió y cayó rápidamente del firmamento kirchnerista, está obsesionado con su situación judicial: en las paredes de su departamento en Puerto Madero (se cambió de piso, no de edificio) cuelgan gigantografías que explican las derivaciones del caso Ciccone. Las revisa todos los días. Junto a sus abogados repasa las pruebas que presentará ante el tribunal oral que lo juzgará a fin de año por una supuesta maniobra para quedarse con la imprenta que hacía papel moneda, para luego sacar rentabilidad a través de contratos con el Estado.
Pero se siente abandonado por quienes supieron cobijarlo en la política. Son pocos los que le atienden el teléfono y menos los que se atreven a mostrarse en público con él. El sabe que es como una suerte de mancha venenosa. Pero también está convencido de que alguno de sus ex compañeros de gabinete ayudó a su caída en desgracia.
La mayor parte de los dirigentes kirchneristas consultados por PERFIL aseguraron que Boudou no tiene diálogo con Cristina desde hace mucho tiempo. Otros lo pusieron en duda. Le queda contacto con alguna diputada nacional por amistad personal. El análisis que todos comparten es que su carrera política está terminada. El que siempre está con él, y ayer no fue la excepción, es Manuel Quieto, el cantante de la Mancha de Rolando. Quieto iba a todos lados con Boudou cuando era vicepresidente. Y lo acompaña ahora que ya no lo es. El ex ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni todavía dialoga con Boudou. Y algunos sostienen que sigue en pareja con la ex legisladora mexicana, Mónica García de la Fuente. El ex vicepresidente trata, en la medida de lo posible, no aparecer en público.
Consciente de que no es querido, no por falta de afecto, sino por conveniencia política, se refugió en grupos no muy populares de la política filokirchnerista. Integra el movimiento Patria para Todos, que lidera Fernando Esteche, del que además participan Gabriel Mariotto y el abogado del MST Marcelo Parrilli. Y le dice a quien le pregunte que está ahí “porque nadie más le da bola”. En mayo, hizo su última aparición pública en un acto partidario y generó revuelo. Fue en el Centro Cultural Caras y Caretas, cuando pretendió participar de una reunión con intendentes bonaerenses que intentaban la unidad en el PJ. La reunión la encabezaba Máximo Kirchner. Cuando lo vieron, algunos intendentes (que en el pasado habían tenido muy buen diálogo con él) salieron espantados. Pegarse a Boudou en la previa de una campaña es, interpretaron ellos desde la estrategia comunicacional, sinónimo de aceptar la corrupción. Dirigentes de La Cámpora le pidieron en buenos términos que se retirara porque querían convencer a los jefes comunales que regresaran. El lo aceptó sin escándalos.
Defensa. Desde que asumió Macri, Boudou ofreció pocas entrevistas, algunas artesanales y difundidas por redes sociales, en las que insistió con su teoría de que la embestida judicial en su contra estaba vinculada a los intereses tocados con la estatización de las AFJP durante su gestión.
Pero en privado sostiene que hay una persecución que tiene en el corto plazo la intención de mostrarlo en el banquillo de los acusados para incidir en el resultado electoral, y perjudicar al kirchnerismo. “Esto es una causa muy pequeña. Pero está claro que hay una persecución. Llevaron a juicio oral una causa por un supuesto delito que está prescripto”, dijo uno de sus abogados a PERFIL.
El juez Claudio Bonadio lo había empujado al juicio oral que ayer terminó en sobreseimiento. Ciccone lo espera. Ya se quejó, con un recurso judicial, de que no le dieron tiempo suficiente para presentar pruebas. Sin embargo, en su entorno afirman que está confiado en que saldrá absuelto.
Pedido por José López. El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer la elevación a juicio oral de la causa penal contra el ex secretario kirchnerista de Obras Públicas José López y su esposa, María Amalia Díaz, por “enriquecerse ilícitamente a través de las arcas del Estado”.
El pedido de Delgado presentado al juez federal Daniel Rafecas alcanzó también a otras cinco personas: la monja María Inés Aparicio, del monasterio de General Rodríguez al que López fue a esconder bolsos con casi nueve millones de dólares, y los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni.
Respecto a la plata que el ex funcionario ingresó al convento, el fiscal aseveró que “el matrimonio López-Díaz tenía conocimiento de la existencia de ese dinero ilegítimo”.
