La Justicia ya tiene en la mira al Ministerio de Planificación por las supuestas irregularidades y sobreprecios en la importación de gas licuado durante la gestión de Julio De Vido. En julio, el juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar las sedes de la Secretaría de Energía, de Enarsa e YPF en busca de documentación oficial sobre este negocio.
El magistrado tenía una denuncia desde octubre de 2014, cuando los entonces diputados del PRO Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo pidieron a la Justicia que determinara si se cometieron irregularidades en la millonaria compra de gas por parte del Estado.
Los documentos oficiales que revela hoy PERFIL podrían ser parte de las pruebas que busca Bonadio. El juez tiene en su poder un crítico informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre Enarsa que data de 2010. En ese estudio, que puede hallarse en la web, el organismo de control resaltó que mientras auditaba a la empresa estatal de energía detectó la existencia del contrato con Contrater Consulting pero que sus directivos no le entregaron copia del documento, que publica hoy este medio.
En el informe, las autoridades de la AGN piden insistir a Enarsa para conseguir copia de ese contrato, pero el reclamo no tuvo éxito.
Bonadio tiene a parte de los protagonistas de este contrato en la mira: su investigación está enfocada en la firma Diligentia, del ex ministro menemista Roberto Dromi, que ofició como intermediaria entre Enarsa y los proveedores Gas Natural de España y Gas Natural Fenosa.
La sospecha del juez es que esa consultora funcionó como vehículo para que los proveedores de gas pagaran “servicios” a Dromi. Estos “servicios” podrían utilizarse para blanquear sobreprecios.
Diligentia está radicada en Buenos Aires, pero su hermana, Dromi y San Martino Consultores, está radicada en España, la misma ciudad donde tiene su sede Contrater Consulting
