Martín Soria asumirá esta semana como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Será poco después de haber renunciado a su banca de Diputados –durante la jornada de ayer– casi 15 días después del anuncio de su nombre para el cargo, luego de una semana de especulaciones tras la renuncia de Marcela Losardo. Una situación que no registra antecedentes, casi como lo que sucede en tribunales, donde consideran que la embestida del Gobierno contra la Justicia no tiene antecedentes del nivel de virulencia actual.
En ese sentido son muchas las voces que coinciden que, desde el 1 de marzo, con el discurso de Alberto Fernández que apuntó de lleno contra el Poder Judicial, quedó claro que “la única voz que se escucha es la de Cristina Fernández de Kirchner”. Lo que se vió ratificado con la propia exposición de la Vicepresidenta en la audiencia por “dólar futuro” y luego con el corrimiento de Losardo, quien nunca gozó de la simpatía de CFK. Y a quien se le achaca no haber conseguido los objetivos propuestos.
Agitando la teoría del lawfare, con la Corte Suprema en la mira, a la que ya disparó fuertes críticas; el objetivo de cambios en la ley del Ministerio Público Fiscal y buscando designar un nuevo Procurador, Soria hará su desembarco en la cartera de Sarmiento al 300.
Aunque a casi nadie en Tribunales le quedaban dudas de cuál o cuáles serán sus objetivos, sus primeras declaraciones luego de que se conociera la elección de su nombre para el cargo, no dejaron márgenes a especulaciones. Aseguró que llegaba para “comenzar la transformación del Poder Judicial”. Y agregó que los tribunales deben “liberar de culpa y cargo” a CFK. En tanto que también expresó su intención de “terminar con el ‘lawfare’” y “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de (el expresidente) Mauricio Macri”.
En gran parte de Tribunales creen que junto, y más allá de esos objetivos, el oficialismo está buscando en la Justicia el “enemigo perfecto”. Consideran que, en un momento en el que sobran los problemas y faltan las soluciones, tanto en materia económica como sanitaria y social, desde el kirchnerismo buscan un lugar donde depositar las críticas.
“Argentina está pasando una enorme crisis económica, social y está en un estado de emergencia sanitaria, con más de 55 mil muertos por la pandemia, al borde de una segunda ola, sin vacunas, y el gobierno se ocupa de la justicia. No parece razonable en ninguna agenda, salvo que se lleve la de Cristina”, completan. Hay quienes ven allí también un riesgo para el gobierno de Fernández. Creen que los enemigos sirve tenerlos o crearlos en los momentos en los que las cosas van bien o, al menos, no están tan mal como ahora, donde las cosas pueden volvérseles en contra.
En ese sentido hay quienes también consideran que es un error la insistencia del kirchnerismo en hablar de lawfare. “El gobierno se la pasa hablando de lawfare, que es algo que no existe en los expedientes y que fue un fracaso como argumento en todos lados, cuando la gente de a pie tiene preocupaciones como llegar a fin de mes, no enfermarse, y que no la asalten cuando vuelve del trabajo, si lo tiene”, completó una fuente. Y agregó: “Hablan de que quieren mejorar la Justicia para la gente y es sólo la que los toca a ellos”.
En tanto que en cuanto a la reacción de la Vicepresidenta sobre la Justicia consideran que era la esperable después de un año y casi cuatro meses de gobierno en la que su situación judicial no se vio beneficiada. Los tiempos corren y apremian, evalúan.
