“Investiguen a las grandes exportadores”, reclamaban los dirigentes representantes de
los pequeños y medianos productores agropecuarios, cuando día a día eran acusados por el Gobierno
de querer formar precios internos. Eso hizo el dirigente Mario Cafiero, quien junto a Fernando
Llorens escribió un informe que revela que la Resolución 125 que ocasionó el conflicto que lleva
100 días,
sólo benefició a las gigantes cerealeras que venden al exterior.
En diálogo con
Perfil.com, el ex diputado asegura que el concepto de oligarquía es anacrónico.
“En la actualidad, el dueño de la tierra es un engranaje pequeño dentro de un gran negocio
(...) no fija precios: no fija el precio del alquiler, ni de la semilla, ni del herbicida, ni del
fertilizante, ni del flete, ni del puerto, ni del silo, ni de la exportación”, afirma
Cafiero, basándose en el informe que ya fue distribuido a distintos legisladores nacionales.
El informe apunta a desentrañar cómo las grandes empresas exportadoras de granos fueron
directamente beneficiadas por la polémica Resolución 125. En noviembre del año pasado, antes de que
Néstor Kirchner anunciara el incremento de las retenciones al 35%, las gigantes cerealeras
habrían sido “avisadas” de la medida (Resolución 369), que fueron aplicadas junto
con el aumento récord (por aquel entonces) del valor de la tonelada de soja a nivel internacional
(U$S 364).
El informe dice que de esta forma se advirtió a las grandes cerealeras y aceiteras, que
presentaron declaraciones juradas de venta al exterior por volúmenes
“desproporcionados”. Cafiero explicó que la ley impulsada por el ex diputado Rafael
Martínez Raymonda obligaba a las exportadores a demostrar la adquisición de la mercadería por las
exportaciones declaradas, sin embargo “(el senador Roberto) Urquía, la modificó”.
Urquía es el dueño de la aceitera General Deheza.
Cafiero explica que, en su momento, Kirchner reglamentó la ley, aunque con validez a partir
del 9 de noviembre, “aceptando las declaraciones juradas presentadas con anterioridad”.
Sin embargo, el precio de la soja volvió a duplicarse en 2008. En ese sentido, señaló el ex
diputado, las grandes exportadoras de granos iban a tener que comprar en el mercado interno a un
valor internacional, mientras que deberían exportar a precios menores ya fijados en las
declaraciones juradas.
De este modo, revela el informe: “Las retenciones móviles habrían sido dictadas en
directo beneficio de los exportadores de granos”. A su vez, Cafiero denuncia que las
retenciones netas jamás superarían el 35%, por lo que
no existiría dinero para llevar adelante el Programa de Redistribución Social (ver
nota adjunta), al tiempo que se concretaría lo que llama la “privatización”
de las retenciones, dejando afuera de los beneficios de la Resolución 125 tanto al campo como al
Estado. Este martes será presentado en conferencia de prensa por el diputado Claudio Lozano.