El fiscal federal Carlos Stornelli promovió ayer la investigación de "un posible plan organizado de usurpación y despojo de bienes públicos al Estado" en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Stornelli, ex ministro de Seguridad bonaerense, presentó una denuncia en el juzgado federal a cargo del juez Norberto Oyarbide, donde indica que los hechos de Villa Soldati podrían haber contado "con la existencia de una organización, de cómplices e instigadores que podrían haber importado actos organizados de sedición", informaron allegados al caso.
También reclamó que se determine si hay "un plan de usurpación y despojo de bienes públicos al Estado", y si los supuestos responsables "tuvieron por objetivo directo la concesión por parte de los poderes del Estado de decisiones a su favor y con la intención de desestabilizar al poder Ejecutivo".
El representante del Ministerio Público dice en su escrito que "debería investigarse la existencia de cómplices y encubridores de quienes tomaron directa intervención en los hechos, como así también quienes conspiraron contra los poderes del Estado teniendo en miras los fines expuestos, ello mediante la ideación y organización de aquellos actos de ocupación ilegítima que se consumaron o que no llegaron a concretarse pero sí fueron pergeñados".
La denuncia menciona la utilización de armas y las personas fallecidas y heridas e incluye información sobre los demás predios tomados o que intentaron ser tomados (en Quilmes, La Matanza, Barracas, un segundo predio en Lugano, etc.). Asimismo, hace referencia a declaraciones de políticos, como el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco, pretende indagar sobre "la posibilidad de la existencia de activistas que respondían a punteros políticos de la Ciudad y a dirigentes políticos de la Provincia de Buenos Aires". El fiscal dijo que "las irrefutables pruebas que surgen de las vistas fílmicas y fotográficas aparecidas en la seguidilla de noticias periodísticas publicadas, sumadas las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y hasta de la máxima mandataria, importan a la promoción de una investigación penal tendiente a esclarecer los gravísimos eventos acontecidos y cuya competencia federal reluce de su sola consideración".
Fuente: DYN
