La fiscal federal del caso Maldonado, Silvina Avila, apartó de la investigación a la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin), lo que generó malestar en las querellas que intervienen en la causa a cargo del juez Gustavo Lleral por "desaparición forzada" de personas.
El organismo era el único estamento del ministerio Público Fiscal que investigaba en forma específica el accionar de Gendarmería Nacional en el marco de la desaparición y muerte de Maldonado.
La Procuvin colaboraba con Avila mientras era ella quien estaba al frente de la investigación, pero una vez que el juez reasumió esa causa tras el hallazgo del cuerpo del joven, encontrado el 17 de octubre sumergido en el río Chubut y enredado en ramas de árboles, la fiscal consideró que ya no era necesaria su intervención.
La decisión de la fiscal, que fue avalada en forma tácita por el juez, generó malestar entre las querellas, que evaluaban realizar una presentación para pedir la continuidad del organismo en la investigación.
La Procuración contra la Violencia Institucional fue creada en 2013 por el ministerio Público Fiscal, que en su página de Internet sostuvo que busca "el impulso de las acciones penales y la orientación de las investigaciones y juzgamiento de los delitos consumados mediante violencia institucional, que tienen como víctimas principalmente a personas en estado de vulnerabilidad".
En ese marco, se encontraba desarrollando un informe propio sobre la desaparición y muerte del joven en base a las pruebas recogidas, para entregarlas como aporte a la investigación que lleva adelante el juez Lleral.
Santiago Maldonado fue hallado muerto el 17 de octubre en el río Chubut tras permanecer desaparecido desde el 1ro. de agosto después de una protesta mapuche reprimida por Gendarmería y su cuerpo permanece en la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia a la espera de pericias especiales.
La abogada querellante por la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), Liliana Alaniz, dijo el miércoles que los resultados de dichas pericias, que entre otros datos revelarán la fecha y causa del deceso del joven, estarán mañana.
Por su parte, la fiscal dijo en declaraciones a medios de Esquel que se encuentra "a la espera de los estudios complementarios de la autopsia, que darán la data y causa de fallecimiento" y sostuvo que "esa información sólo la están manejando los peritos con el equipo de la Corte". "Nosotros no tenemos acceso hasta que llegue oficialmente al expediente", agregó.
Asimismo, manifestó que "los celulares que entregó el señor (Sergio) Maldonado al nuevo juez de la causa están siendo objeto de pericias, porque pertenecían a la víctima".
La fiscal también se refirió a la llamada que un amigo del joven dijo haber realizado al teléfono celular de Maldonado un día después de su desaparición, al expresar que "tenemos ya una respuesta de una empresa chilena y dijo que no impactó en una de las prestatarias del rooming", por lo que manifestó que "se pidieron pericias a la empresa que está ubicada en Estados Unidos".
La autopsia en el cuerpo del joven comenzó el 20 de octubre y un día después el juez Lleral afirmó, 24 horas antes de las elecciones nacionales legislativas, que "no hubo lesiones en el cuerpo" de Maldonado.
Sergio Maldonado, hermano del joven, dijo el viernes en conferencia de prensa que a su hermano "lo asesinaron", advirtió que fue víctima de "desaparición forzada" y cuestionó que los peritos "opinen cuando no están todas las pruebas" sobre la muerte.
En esa misma línea, la abogada de la familia, Verónica Heredia, aseguró que se trata de "una causa de desaparición forzada de personas seguida de muerte" y explicó que el artículo 142 del Código Penal prevé una pena de 10 a 25 años en caso de desaparición, pero si se encontrara el cuerpo sin vida la pena prevista en el artículo es de prisión perpetua.
Heredia advirtió en esa oportunidad que el cuerpo del joven "no estaba en un lugar donde hubiera sido necesario rastrillar para encontrarlo" y dijo que "simplemente uno tenía que pararse, ver el río, y ahí podía ver el cuerpo".
La familia del joven y organismos de derechos humanos, sociales y políticos marcharon el miércoles a Plaza de Mayo y diferentes puntos del país en reclamo de justicia, al cumplirse tres meses de la última vez que Maldonado fue visto con vida.
