Los números parecen contundentes: hay más de 200 ex funcionarios, allegados y empresarios ligados al kirchnerismo procesados por la Justicia. Un 10 por ciento está tras las rejas. Pero la paradoja es que ninguno de los encarcelados tiene condena.
De hecho, esta semana se cumplieron dos años del veredicto que encontró 21 culpables de la tragedia de Once, con los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi a la cabeza. Pero Casación deberá resolver en febrero, a seis años del hecho, si deja firme el fallo y ordena detenciones.
Mientras tanto, en los tribunales de Retiro se pusieron de moda las prisiones preventivas. Fue en la temporada primavera-verano, potenciadas por la llamada “doctrina Irurzun”, que endurece las condiciones de libertad cuando se trate de causas complejas de corrupción y los acusados tengan poder residual para entorpecer las investigaciones. Esa jurisprudencia derivó en el desafuero y la detención del ex poderoso Julio De Vido –al que le llovieron expedientes con su nombre–, y el arresto del ex vicepresidente Amado Boudou, centro desde hace tiempo de causas penales pero ahora considerado un peligro para el avance de las pesquisas.
Los procesamientos K en diferentes instancias alcanzaron a intocables como el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray y superaron los 200 nombres: sólo en las causas contra CFK hay medio centenar, incluidos sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Y de los “presos K”, solo dos cruzaron las rejas de la cárcel pero con arresto domiciliario: Milagro Sala –que salió, regresó a prisión y volvió a salir por orden de la Corte y con aval de tribunales internacionales–, y el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, con una resolución fundada en razones de salud que abrió la polémica.
Pero 2017 no solo será recordado como el año de las prisiones preventivas, el avance de juicios orales contra ex funcionarios K, la búsqueda de recupero de activos y la mira sobre empresarios que pagaron coimas. También fue el año en que se activaron, casi de la mano, la dormida denuncia del fiscal Alberto Nisman por el pacto con Irán y la investigación por su homicidio, según dijo la Gendarmería. Mientras que Cristina Fernández se salvó de la cárcel por sus fueros de senadora, el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnico Carlos Zannini y el piquetero Luis D’Elía están bajo arresto por encubrimiento agravado. Y Diego Lagomarsino fue procesado esta semana como partícipe necesario del crimen de Nisman, aunque esquivó la cárcel gracias a una tobillera electrónica con GPS.
Los jueces estuvieron en el centro de la escena: el presidente Mauricio Macri acusó a los laborales de ser parte de la mafia de la industria del juicio y les advirtió a los federales que “no tienen que ser amigos de los políticos”. Al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la diputada Elisa Carrió le pidió el juicio político por mal desempeño y la jueza María Servini le reprochó “presiones” en una entrevista con PERFIL. El Gobierno prefirió el silencio. Jueces federales, de buen vínculo con Lorenzetti, armaron una agrupación. El Consejo de la Magistratura, en tanto, avanzó con auditorías y cuestionamientos. Tras las elecciones, Eduardo Freiler fue eyectado de la Cámara Federal por mal desempeño en una filosa jugada de jury y Alejandra Gils Carbó se resignó a irse de la Procuración tras ser procesada por la sospechosa compra de un edificio.
Fueron dos logros que el Gobierno celebró como propios. Ahora, van por nombramientos, el achaque sobre altos sueldos, el debatido impuesto a las ganancias y el recorte de la feria.
La sociedad mira a los jueces con ojo crítico: hubo nutridas marchas en Comodoro Py y el Palacio de Talcahuano pidiendo una “justicia independiente”. Según estadísticas, siete de cada diez argentinos no cree en el Poder Judicial.
