La incansable batalla librada entre el Gobierno y el cuestionado juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia, parece no tener fin. En esta ocasión el magistrado arremetió primero y convocó a la ministra de Defensa, Nilda Garré, a presentarse ante la Justicia para explicar su responsabilidad en el contrabando de accesorios de armas a Estados Unidos.
Tiscornia citó hoy a declaración indagatoria a Garré en la causa que investiga el supuesto envío irregular de armamento al país del Norte. La decisión judicial fue notificada al abogado de Garré, Pablo Jacoby, mediante cédula judicial donde se informó que la fecha fijada para el trámite es el próximo 7 de septiembre a las 10.
Ante la denuncia de Tiscornia, quien acusó a la ministra por fraude contra la administración pública por haber admitido "una operación ruinosa" en perjuicio del Estado, la cartera castrense señaló, tiempo atrás, que "no es encargada de fijar precios".
El caso por el presunto contrabando de material bélico surgió luego de que en febrero la Aduana frenara un embarque de 6739 kilos de partes y accesorios de fusiles FAL que iban a ser exportados a un precio de sólo 2664,45 dólares por la DGFM. La destinataria del envío era la empresa JLD Enterprises INC, radicada en Estados Unidos, a un precio de 2664,45 dólares.
Garré negó tener algún tipo de vinculación con el hecho investigado . " Soy la ministra de Defensa. No realizo análisis de precios", sostuvo hace unas semanas. "Es la Aduana la que tiene que determinarlos", agregó.
Después de que Garré apuntó contra la Aduana, al afirmar que tiene ese organismo tiene responsabilidad en el caso de supuesto contrabando, la dependencia defendió su actuación y afirmó que fue “grosera” la “subfacturación” detectada con respecto a los fusiles, en la causa por la que está imputada la funcionaria.
En paralelo a la causa que investiga el envío irregular de material bélico al exterior, el kirchnernismo del Consejo de la Magistratura que integra la Comisión de Acusación y Disciplina de ese organismo pidió la suspensión y la elevación a juicio oral de Tiscornia por mal desempeño de sus funciones.
Hace un año y medio, el diputado K Carlos Kunkel, denunció que Tiscornia pidió, a través de su padre -un ex juez- una coima de cuatro millones de dólares a la empresa española Codere, vinculada con los juegos de azar en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
En respuesta al propósito del Gobierno de alejar al magistrado de sus funciones para siempre, Tiscornia responde en el campo de batalla dando pelea en su único frente permitido, al menos por ahora: la investigación judicial.
Fuente: DyN y Télam