Tras tener prácticamente dominado al virus, Jujuy se volvió en un mini-foco de Covid-19 a nivel nacional. A partir de mañana la provincia regresará a la llamada fase 1. El sábado pasado, contó con un récord de contagios: 101 infectados en sólo 24 horas. En los últimos 30 días, superó los 800 casos. El rebrote jujeño esconde una trama que incluye una suepuesta negligencia policial, un giro en el discurso del gobernador Gerardo Morales y la disparada del precio de las hojas de coca (y del tráfico), cuyo cultivo está prohibido en la Argentina.
"Planteé el tema de la coca: pedí a la Justicia y al Congreso que se permita su importación porque hay un arraigo con las comunidades", afirmó el gobernador radical el viernes pasado. Fue durante el acto compartido con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Vía teleconferencia y desde Jujuy, Morales admitió que "dos personas cruzaron a comprar a Villazón (Bolivia) y entendemos que allí estaría el origen, porque había un brote". En el gobierno jujeño a su vez admiten los nuevos contagios podrían haber surgido de otros casos de circulación parecidos, en una provincia con fronteras muy permeables al cruce comercial.
Las dos personas aludidas por el gobernador no son simples ciudadanos. Se trata de dos policías provinciales: Hugo Orlando Cruz y Arnaldo Cesar Ramos. Y tampoco son dos agentes cualquiera. Ambos acompañaron a Morales y parte de su gabinete en un viaje oficial a la Quiaca, realizado el 3 y 4 de junio pasado.
Los custodios viajaron junto a Morales y una comitiva integrada por los ministros Gustavo Bouhid y Meyer, Segovia, el secretario de Seguridad, Guillermo Tejerina, el coordinador del COE Omar Gutiérrez y el secretario de Salud Pablo Jure. En La Quiaca, ciudad fronteriza de Villazón, pasaron dos días.
Los agentes Cruz y Ramos se hospedaron en una casa particular. A la vuelta del grupo encabezado por Morales a San Salvador de Jujuy, se produjeron contagios entre policías y sus familiares, incluidos ambos custodios. Tras una primera reacción en la que negó que los agentes hayan estado involucrados en el rebrote, el oficialismo activó una denuncia penal el 22 de junio pasado. El Ejecutivo concretó la demanda, y el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación.
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La denuncia buscaba “dilucidar las acciones realizadas por los primeros efectivos policiales infectados de COVID 19, en un periodo de tiempo determinado”. Según la presentación, “se desconocen las acciones de los dos efectivos acciones en un periodo de tiempo antes de abandonar dicha ciudad”.
Así, Hugo Orlando Cruz y Arnaldo Cesar Ramos resultaron imputados por las conductas penadas por los artículos 205 y 248 del Código Penal. Es decir, violar normas para propagar una pandemia, y el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ambos ya fueron separados de la fuerza y a su vez están siendo investigados por Asuntos Internos.
En concreto, la policía sospecha que ambos cruzaron a Villazón, donde el cultivo es legal, para traer hojas de coca a la Argentina. La producción de coca está prohibida en la Argentina. El coqueo y el consumo de infusiones con las hojas, en cambio, están específicamente autorizados en un artículo de la Ley de Drogas. Eso genera una situación contradictoria, a la luz del enorme arraigo cultural con el que cuenta el coqueo en el norte argentino.
Porque comprar coca y cruzar la frontera con Bolivia sí está permitido: hasta un kilo por persona. Pero la pandemia y la cuarentena pusieron esa posibilidad en pausa. A partir de esa veda se dio una disparada del precio de la coca. Y por default, del crecimiento en el tráfico ilegal.
Hasta antes del aislamiento, la bolsa de un cuarto kilo de coca costaba unos 500 pesos. Ahora, cotiza en más de cuatro mil.
A partir de esa escalada, otros policías protagonizaron situaciones de contrabando. Hace un mes, Gendarmería secuestró 100 kilos de hojas de coca en un patrullero de la policía provincial. Ocurrió sobre la ruta nacional 9 efectivos. Los gendarmes de la Sección Tres Cruces detuvieron la camioneta en un control vehicular de rutina. El cargamento está valuado en más de 1,6 millones de pesos.
Incluso una diputada provincial del radicalismo reconoció que se estaba volviendo una modalidad extendida y naturalizada. La legisladora Alejandra Elías afirmó: “No solo las fuerza de seguridad, sino que tenemos algunos funcionarios que están haciendo pasar coca. Estas denuncias recibimos y que lamentablemente no tienen la conciencia que deberían tener”.
El escándalo de Cruz y Ramos derivó en la renuncia del jefe de la policía provincial. El comisario general Juan Segovia primero pidió licencia en sus funciones y finalmente fue reemplazado por su segundo, Héctor Horacio Herbas Mejías.
El sainete además le valió una denuncia al ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer. Fue concretada por un archienemigo de Morales: el senador jujeño Guillermo Snopek, cuñado del gobernador radical. “Fue el gabinete de Morales el responsable de traer nuevamente el virus a la provincia”, se queja Snopek.
