La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le pidió al Gobierno argentino que aseguren "la plena independencia" de la Justicia luego de que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un informe en el que apuntó duro contra el Poder Judicial, la oposición y los medios de comunicación.
A través de la cuenta de Twitter del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los Estados miembros le recomendaron a la Argentina varios puntos. Entre ellos, que "asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales".
Asimismo, exigieron que Argentina "mejore las condiciones en las prisiones", "garantice la legalidad en el uso de la fuerza" e "investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales".
En esa línea, la los países de la ONU recomendaron que el Gobierno "prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza", "garantice el acceso a una educación de calidad para todos", "aborde las disparidades en el sistema de salud" y "armonice su legislación sobre personas con discapacidad".
Las otras recomendaciones de la ONU al Gobierno argentino:
- Continúe sus esfuerzos para combatir la violencia de género.
- Proporcione representación legal gratuita para víctimas de violencia de género.
- Asegure implementación del acceso al aborto legal, especialmente en zonas rurales.
- Designe un Defensor del Pueblo nacional.
- Garantice derechos de los Pueblos Indígenas.
- Mejore la asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
- Prosiga combatiendo la discriminación contra personas LGBTIQ+.
El informe de Pietragalla ante la ONU
El informe que presentó Pietragalla en la ciudad suiza de Ginebra, en línea con el discurso del kirchnerismo duro, mencionó la presencia en el país de "discursos del odio" que "culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner".
Fue en el marco de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentó su Examen Periódico Universal (EPU). Precisamente, el EPU releva la situación de los derechos humanos en el país y en esta oportunidad tuvo una extensión de 30 fojas.
"Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional", describió el funcionario.
Pietragalla también criticó a la Justicia argentina al referirse al lawfare: "Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública".
"En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población", agregó.
También, el funcionario aludió a una supuesta proscripción política contra el kirchnerismo en este año electoral.
"La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión", relató.
Y agregó: "Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos".
ED
