El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, presentó un informe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde apuntó contra la Justicia, la oposición política y los medios de comunicación.
En Ginebra, Pietragalla participó de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentó su Examen Periódico Universal (EPU), que releva puntualmente la situación de los derechos humanos en el país.
En este foro pidió el respaldo del Consejo de Derechos Humanos a sus denuncias del "lawfare" en el país y apuntó contra los medios de comunicación y la oposición que actúa de la mano de la Justicia para "perseguir" líderes populares. Además, se refirió a los “discursos de odio” a los que vinculó con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner ocurrido en septiembre del año pasado.
"Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública", manifestó Pietragalla. "El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos", sentenció.
"El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”, continuó y puso de ejemplo a la vicepresidenta como objeto de persecución.
"Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política", subrayó.
En relación a la Justicia también expresó: "Se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población".
"El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó.
El funcionario pidió ante la ONU el apoyo a las distintas iniciativas de reformar la Justicia, argumentando que está "en jaque el sistema republicano de división de poderes". “Solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país", sostuvo.
Por otro lado, se refirió a los “discursos de odio”: “Debemos llamar la atención del Consejo sobre los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática y que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner".
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