POLITICA
Pedido de los organismos de derechos humanos

Trasladan a cárceles comunes a Astiz y al "Tigre" Acosta

El juez Sergio Torres dispuso que ex marinos detenidos en unidades militares sean trasladados a dependencias del Servicio Penitenciario Federal para seguir cumpliendo sus condenas.

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| Cedoc

El juez federal Sergio Torres dispuso que ex marinos detenidos en unidades militares por delitos contra los derechos humanos en la Escuela de Mécánica de la Armada durante la última dictadura sean trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

Fuentes judiciales confirmaron que la medida, que entre otros alcanza a Alfredo Astiz y Jorge "el tigre" Acosta, fue ordenada a pedido de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo luego que, días atrás, el ex miembro de la Prefectura Naval, Héctor Febres, apareciera muerto en su celda en una dependencia de esa fuerza.

Informes médicos revelaron la presencia de cianuro en el estómago de Febres, cuya muerte se produjo cuatro días antes de la fecha prevista para la lectura del veredicto en el juicio oral y público que se le siguió por cuatro casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en la ESMA.

Además de Astiz y Acosta, la decisión de Torres comprende a Antonio Pernías, Carlos Octavio Capdevila, Pablo García Velasco, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González, Jorge Carlos Redice, Raúl Enrique Scheller, Adolfo Miguel Donda, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Carlos José Pazo, Hugo Enrique Damario y Rogelio José Martínez Pizarro.

García Velasco y Juan Antonio Azic, internados en el Hospital Naval y la Clínica San Jorge, respectivamente, pasarán a ser custodiados por integrantes del SPF, de acuerdo a la resolución judicial.

El resto se encuentra alojado en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde, según Torres las prisiones preventivas se cumplían "adecuadamente", pero "ahora -remarcó el juez- dicho esquema ha perdido vigencia en función de los sucesos ocurridos recientemente" vinculados con la muerte de Febres.

El viernes último, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo había reclamado, reiterando solicitudes similares de otros querellantes, el "inmediato traslado" de detenidos por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar a unidades carcelarias del SPF.

Torres, la Cámara Federal y la de Casación Penal y el Tribunal Oral Federal número 5 (a cargo del juicio a Febrés) se habían opuesto al pedido.

"Las razones que motivaran las anteriores resoluciones se mantienen, siendo las circunstancias referidas las que obligan a modificar el lugar en el cual se cumplen las detenciones", consignó Torres en su resolución.

Fuente: Télam