Un primer tramo de la causa por la muerte de Alberto Nisman se encamina rumbo al juicio oral y público. Será el primero en llegar a esa instancia e involucra a los cuatro custodios que debían cuidar de él y que terminaron procesados por encubrimiento agravado “de un homicidio” e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque ya es un hecho que se encaminan a esa instancia, tras la feria de verano, aún falta que el fiscal Eduardo Taiano pula el borrador en el que trabaja y que, una vez terminado, se lo presente al juez del caso, Julián Ercolini, para que haga lugar al pedido y finalmente lo eleve a juicio oral y público. Allí, la pena que podría caberles es de hasta seis años de prisión.
Este tramo del caso alcanza a los custodios, para quienes la Justicia entiende que la investigación está agotada, pero no para el técnico informático, Diego Lagomarsino, el quinto procesado del expediente. Considerado como partícipe necesario del caso, Lagomarsino no había apelado su procesamiento para llegar lo antes posible a juicio, con la confianza de que allí podrá demostrar su inocencia. Pero por ahora la Justicia sostiene que, a diferencia de los custodios, su situación aún no está completa.
Los efectivos que irán a juicio son Néstor Durán, Luis Miño, Armando Niz y Rubén Benítez. A excepción de Durán, todos los demás lo harán por encubrimiento y violación de deberes de funcionario, en tanto que él solo lo hará por este último delito.
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La figura es de “encubrimiento agravado” y no solo de “encubrimiento”, por “tratarse de un hecho precedente a un delito grave”. Al momento de procesarlos, en diciembre de 2017, Ercolini les trabó embargos por $ 500 mil y les prohibió salir del país al tiempo que les fijó la obligación de presentarse ante el juzgado cada 15 días. En tanto que el embargo trabado a Durán fue de $ 50 mil.
Para la Justicia, ellos incumplieron el deber de cuidar al fiscal y el fiscal apareció muerto. Al enumerar el rol de los custodios, en su procesamiento –que medio año después fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones–, la Justicia sostuvo que “ese domingo 18, cuando llegaron a la hora pautada por Nisman para encontrarse con ellos, pasaron horas sin saber de él sin que este atendiera sus llamadas al tiempo que, a pesar de eso y de haber encontrado los diarios en la puerta, permanecieron toda la jornada sin dar aviso a sus jefes”. Ese día estaban en el lugar Miño y Niz. Benítez funcionaba como un superior de hecho, no así Durán, quien estaba asignado al sábado y por eso a él solo le impusieron la figura de incumplimiento.
Los investigadores consideraron que todo lo actuado por los custodios ese domingo hizo que se dilatara el hallazgo del cuerpo. En ese sentido, la Justicia consideró que “buscaron demorar la actuación policial y/o judicial en el homicidio”.
Bullrich habló de un “operativo destrucción”
El jueves 16 de enero siguieron las reacciones por las declaraciones de Mohsen Rabbani, acusado de ser el cerebro del atentado a la AMIA. Patricia Bullrich opinó que existe un “operativo destrucción” por el cual el Gobierno tiene la intención de revisar las pericias de Gendarmería y la investigación sobre las cuentas de Alberto Nisman.
“La causa genera una situación de mucha tensión en el Gobierno y evidentemente es una promesa que Alberto Fernández le hizo a Cristina Kirchner, que es intentar desmontar la investigación judicial que avanzó hacia una hipótesis distinta a la que había avanzado mientras estaba en la Justicia nacional. Avanzó hacia ser un homicidio y hoy se está en la parte investigativa sobre quiénes habrían sido los homicidas”, afirmó en radio Mitre. E incluyó la entrevista a Rabbani en esa misma “campaña”.
