La Justicia federal prepara el terreno para recibir al capturado Ibar Esteban Pérez Corradi, detenido en el Paraguay a la espera de un juicio de extradición.
La jueza federal María Servini de Cubría tomó en las últimas dos semanas declaraciones de tres testigos clave en la causa del triple crimen de General Rodríguez. Los tres ya habían declarado en el expediente ante el fiscal Juan Ignacio Bidone y durante el juicio oral por la autoría material de las ejecuciones de los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina.
Aquel juicio fue en 2012. Los tres testigos -cuya identidad PERFIL se reserva- volvieron ahora a declarar durante horas y ampliaron datos que hace cuatro años no se habían animado a confirmar. Los testimonios ahondaron en la relación de Pérez Corradi con el tráfico de la efedrina y en su vínculo con Sebastián Forza y Damián Ferrón antes de ser asesinados junto a Leopoldo Bina, el 7 de agosto de 2008.
Además, María Gladys Delgado Brítez, la actual mujer de Pérez Corradi, reveló ayer que el ex prófugo tenía protección en Paraguay. La mujer aseguró que pasó a visitarla a su casa de Argentina cuando era buscado por las fuerzas de seguridad, tanto en el país como en el exterior.
Por otro lado, Delgado Brítez afirmó que Pérez Corradi pagaba a la Policía Nacional de Paraguay para que lo mantuvieran en libertad en la triple frontera.
La causa por lavado. En otro expediente, el fiscal federal Franco Picardi ya prepara la elevación a juicio oral contra Pérez Corradi por presunto lavado de dinero. Será el primer proceso por el que deberá responder el financista. Se trata de una causa que le había iniciado el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de la investigación por la mafia de los medicamentos.
Pérez Corradi se dedicaba a financiar a las droguerías involucradas en la compra-venta de medicamentos adulterados, robados o vencidos. Por eso, recibió de Forza y otros empresarios de ese negocio varios cheques de la Obra Social Bancaria (OSBA).
La droguería de Forza fue sostenida durante un tiempo gracias a los préstamos de Pérez Corradi, hasta que el empresario lo traicionó, decretó su quiebra y nunca le pagó. Le quedó debiendo alrededor de $ 2 millones en 2008. Sin embargo, la imputación de Oyarbide es por un monto menor: $ 300 mil.
Picardi recibió la causa a mediados del año pasado, cuando asumió en la fiscalía federal número 5. Ordenó varias tareas de inteligencia para dar con el prófugo. Ahora lo espera para enviarlo a juicio.
