Juan Rinaldi, ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE) y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), aseguró ayer a la Justicia que halló "un descontrol total" y una situación "ingobernable" cuando llegó a esas áreas del Ministerio de Salud, por lo que cortó el pago de 48 millones de pesos en subsidios a obras sociales sindicales que no hacían rendición de gastos.
Así lo revelaron fuentes judiciales a DyN, quienes dijeron que el ex funcionario explicó el mecanismo por el cual reemplazó los subsidios por reintegros a las obras sociales para evitar maniobras anómalas y otras medidas que adoptó, como el rechazo al fideicomiso mediante el cual se pretendía auxiliar a la Obra Social Bancaria (OSBA), hoy intervenida por el Gobierno.
En círculos judiciales no se descartaba que datos de esta declaración y pesquisas realizadas y otras aún pendientes puedan complicar al antecesor de Rinaldi, Héctor Capaccioli, además recaudador de la campaña presidencial kirchnerista de 2007, que había autorizado el pago de millonarios subsidios a 42 obras sociales.
Rinaldi arribó en 2006 a la APE con el apoyo del jefe de los camioneros y de la CGT, Hugo Moyano, pero luego se distanció del dirigente sindical y se acercó a la entonces ministra de Salud, Graciela Ocaña, que más tarde lo catapultó como titular de la SSS en 2008 cuando Capaccioli debió renunciar a raíz de sus enfrentamientos con la titular de la cartera. Según la declaración de Rinaldi, la APE era "un foco latente de conflictos y prácticamente ingobernable, comparable con una caldera a punto de estallar", tal como lo había adelantado en un escrito al juez.
También explicó que el organismo se encontraba en medio de un "descontrol total" por "fundamentalmente, la falta de rendición de las obras sociales y la distribución que se había hecho de los fondos". En su declaración indagatoria en el juzgado de Norberto Oyarbide en la causa que investiga la llamada "mafia de los medicamentos", Rinaldi amplió algunos conceptos que ya había vertido en el escrito.
Rinaldi también explicó en la declaración que su decisión de cortar la entrega de 48 millones de pesos en subsidios a varias obras sociales "provocó airadas críticas de diversos sectores del gremialismo" y se mostró comprensivo hacia esa actitud al compararlo con que "también se enojarían conmigo si yo dejara de pagar el sueldo".
Oyarbide está investigando presunto fraude y otras anomalías en el reparto de fondos de la APE a las obras sociales, por sumas de entre 700 y 1.000 millones de pesos anuales, así como la supuesta falta de control de esas operaciones por parte de la Superintendencia.
Para este martes también estaba prevista la declaración indagatoria del empresario farmacéutico Claudio Schwarz, uno de los titulares de la compañía Biodrugs, pero sus abogados pidieron postergación de la audiencia y el juez la concedió.
El próximo jueves Oyarbide escuchará en indagatorias al ex ministro bonaerense de Salud Claudio Zin y a Patricio Levy, director general de Administración del Ministerio de Salud de la Nación, dijeron fuentes judiciales. Asimismo, Oyarbide citó a indagatoria a dos ex funcionarios de la SSS. Se trata de Oscar Cochlar, ex gerente de control estratégico, citado para el próximo 20 de diciembre, y Fernando José Scopinaro, ex subgerente de control estratégico, para el 21 del mismo mes.
El juez también citó a ampliación de indagatoria -para el 22 de diciembre- a Capaccioli, uno de los principales responsables de la recaudación de la campaña presidencial kirchnerista de 2007, para determinar si cometió irregularidades con la autorización del pago de 48 millones de pesos a 42 obras sociales. Ese mismo día le tocará declarar al ex gerente de Asuntos Jurídicos de la SSS, el abogado Horacio Ballesteros.
Ballesteros tenía a su cargo otorgar avales para la asignación de los fondos investigados. Capaccioli ya declaró el 5 de setiembre como acusado ante Oyarbide por presunto lavado de dinero al frente de la recaudación de la campaña presidencial de Cristina Fernández y Julio Cobos y por supuesto fraude al Estado a través de la APE.
El ex funcionario negó los cargos y sostuvo que los aportes de la campaña fueron "conforme a la ley" y "bancarizados" y que todos fueron depositados en la cuenta oficial de la campaña con la emisión "las órdenes de pago correspondientes". Además, Capaccioli negó integrar una asociación ilícita para defraudar al Estado al otorgar fondos a obras sociales por tratamientos médicos complejos que se sospecha que no se habrían realizado y cuyos pagos se canalizaron a través de la APE.
En la causa por la "mafia de los medicamentos" se investiga la comercialización de remedios falsos o adulterados que le eran suministrados a los afiliados de la obra social bancaria, así como supuestas irregularidades en el cobro de los subsidios.
Por esos hechos están presos y procesados como integrantes de una supuesta asociación ilícita el jefe del gremio bancario, Juan Zanola; su mujer y ex secretaria administrativa del Policlínico Bancario (POBA), Paula Aballay; la ex subdirectora de esa entidad, Susana Fiona, y el mayorista farmacéutico Néstor Lorenzo.
Fuente: DYN
