Según informó la página de noticias de la Procuración General de la Nación, el fiscal González formuló el requerimiento de instrucción y solicitó medidas de prueba en una denuncia por presuntas coimas en la que están involucrados Jaime, el ministro de quien dependía su secretaría, Julio De Vido, Manuel Vázquez, Ignacio Cueto y el ex directivo de LAN Sebastián Piñera, que ocupó la Presidencia de la Nación del país vecino. En un planteo ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal pidió la producción de una serie de medidas de prueba, entre las que se cuentan el requerimiento de los balances contables de los años 2005, 2006 y 2007 de Lan Airlines a Price Waterhouse Coopers, sucursal Santiago de Chile.
El fiscal también pidió la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que aporte "la totalidad de la información relacionada con el proceso de investigación seguido contra LATAM [la ahora operadora de Lan] por colusión de precios y/o por presuntas irregularidades que incluiría el pago de coimas en Argentina", como a la IGJ, y la AFIP sobre la aerolínea de bandera chilena y CAESA SA.
La denuncia la formuló una mujer llamada Gledys Stailer Cadenas Vega, quien sostuvo que del "'anual report' de Lan Airlines, elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers con sede en Santiago de Chile, se desprendería que Lan Argentina es controlada por Lan Airlines, lo que incluiría el pago de coimas en Argentina y otras partes del mundo". En ese sentido, la mujer indicó que se trataría de "un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero".
La denuncia afirmaba que "Sebastián Piñera habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio Manuel Vázquez, ello con la aceptación de Julio De Vido y que la empresa que habría facturado las coimas sería Caesa".
El fiscal sostuvo que "si bien en un principio habrían dicho que se trataría de una asesoría realizada entre el año 2006 y 2007 en Argentina sobre 'materias laborales', en febrero habrían admitido que se trató de un servicio que no fue correctamente registrado en sus balances".
