Mientras la Justicia investiga la empresa de la familia Kirchner Hotesur SA por las faltas ante la Inspección General de Justicia (IGJ), el Ministerio de Trabajo dictó la intervención de un sindicato del organismo. La decisión afectó a la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Ministerio de Justicia, cartera de la que depende la IGJ.
La intervención fue dictada por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que dirige la abogada Elena de Otaola, y fue notificada el pasado 18 de diciembre. El argumento esgrimido por Trabajo es que no se cumplió la normativa vigente durante la última elección realizada en mayo. El gremio viene denunciando a las autoridades del ministerio por irregularidades.
La decisión ocurre a la par de acciones que favorecen a la Presidenta y su familia, como reveló ayer PERFIL. La IGJ permitió que regularizaran la situación de su empresa en los próximos cinco meses, con una normativa general –que beneficia a todas las sociedades que están en una situación irregular– pero que se comenzó a preparar el mismo día en que el juez Claudio Bonadio allanó la IGJ y la sede ficticia de Hotesur SA.
El cuerpo de delegados, según indicaron a PERFIL varios empleados, es la única voz disidente en el ministerio, que tiene como jefe real al secretario Julián Alvarez, integrante de la mesa nacional de La Cámpora.
Con un perfil independiente y afiliados a la CTA Autónoma de Pablo Micheli, los delegados participan en los procesos de concurso para acceder a cargos de planta permanente, las evaluaciones anuales y los sumarios administrativos, como el que se está realizando para buscar responsables por la desaparición de documentos vinculados al Caso Ciccone. Los representantes de los trabajadores también denunciaron el uso con fines electorales del ministerio por parte de Alvarez, quien se postulará el próximo año a la intendencia de Lanús.
Los gremialistas “michelistas”, que utilizan la lista verde, están enfrentados con los delegados alineados con el oficialista Hugo Yasky, de la lista azul que lidera Rubén López. Según indicaron trabajadores de esta cartera, la dirección del ministerio realizó una campaña activa a favor de la lista azul antes de la elección de delegados, que se realizó el 20 de mayo pasado.
En la víspera de la votación los delegados oficialistas desconocieron el proceso, que resultó en la victoria de los delegados verdes. “Ellos decidieron no participar a las ocho de la tarde del día anterior, la elección se realizó con las dos boletas y participaron más de 500 afiliados; incluso hubo gente que votó por la lista azul”, explicó a PERFIL Isabel Vieyra, delegada general de ATE en Justicia.
Los delegados denuncian que no fue considerado un recurso presentado por ellos. Por esta razón se movilizaron.
