El Gobierno quiere recuperar algún tipo de control sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar fallos adversos en causas sensibles, como las de corrupción. Los funcionarios del Gabinete creen que su presidente, Ricardo Lorenzetti, es quien maneja los hilos del máximo tribunal, y hacia su poder apuntó la idea de ampliar la cantidad de miembros a nueve –hoy son cuatro, con una vacante dejada por Raúl Zaffaroni–. Si se concretara, el peso de Lorenzetti quedaría diluido.
Esta semana la bancada oficialista en el Senado decidió hacer caer la sesión en la que se iba a tratar el pliego de Roberto Carlés porque no tenía los dos tercios para aprobarlo. La ampliación, sin embargo, se mantiene como una posibilidad latente. En la última semana, Lorenzetti se atajó en público. Dijo que ampliar la Corte sería un retroceso. Después, retomó el canal de diálogo con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Pero la relación no está bien. La Casa Rosada lo considera “poco confiable”.
El presidente del máximo tribunal llamó esta semana a concurso público para la configuración del cuerpo de peritos anticorrupción. No cayó nada bien en el oficialismo. También, avaló la figura de “cosa juzgada írrita”, al rechazar un recurso del ex juez Juan José Galeano. Esta figura permitiría que, por ejemplo, se reabriera la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. La última fue cerrada por el juez federal Norberto Oyarbide en 2008.
Además, para el Gobierno hay otras causas que tiene la Corte que son una espada de Damocles. Las tributarias –como las deudas que reclaman las provincias, o expedientes contra la Anses– son complejas, porque significarían un impacto económico para las arcas nacionales si los fallos resultaran adversos. El Gobierno también está pensando en qué pasará después del 10 de diciembre, cuando la Justicia acorrale a los ex funcionarios. Si todo queda en manos de Lorenzetti, advierten, podría haber problemas.
Hay otra arista que se juega en la ampliación de la Corte, que está enlazada con el posible debilitamiento de Lorenzetti. El Gobierno tiene mayoría en el Congreso para hacerlo. No cuenta con los dos tercios para aprobar a los miembros que tengan que ocupar las vacantes. Pero si la extendiera a nueve, a la oposición no le quedaría otra opción que acompañar al Gobierno en la designación de jueces, porque el tribunal se quedaría sin quórum para dictar fallos.
