La tregua Gobierno - Justicia pende de un hilo que podría cortarse en los próximos días, de acuerdo a las resoluciones que tome la Cámara de Casación en dos causas trascendentales para el kirchnerismo: la constitucionalidad o no del Memorándum, y la recusación del juez federal, Claudio Bonadio en la causa Hotesur.
En la primera, habría habido -por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la cesión de la soberanía a Irán, como lo habría hecho en la causa en la que se investigan los contratos entre Chevron-YPF, según explicaron funcionarios de la justicia federal.
Los jueces de la Sala I, Ana María Figueroa, Luis Cabral y Juan Carlos Gemignani, mantienen una puja jurídica y política. La magistrada, de buena sintonía con Carlos Zannini, Secretario de la Legal y Técnica, intentaría imponer la tesis de la constitucionalidad, aunque desde el aspecto técnico los otros camaristas destacarían la “vulneración al texto de la Constitución”.
En la segunda, la causa Hotesur, el Gobierno habría conseguido los votos de los camaristas de Casación, Gustavo Hornos, Luis María Cabral y Ana María Figueroa para sacar al juez Claudio Bonadio de la investigación más sensible a la familia presidencial.
Los presuntos “ilícitos” involucrarían de manera directa a Máximo Kirchner, y a la primera mandataria, según las pruebas recolectadas por el magistrado. Zannini, pese a carecer de sustento jurídico para apartarlo, desde hace unas semanas habría “consensuado” con los jueces del Máximo Tribunal Penal del país la separación de Bonadio de la causa Hotesur. Sería a través del recurso que se tramita ante ellos, presentado por Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner. Mercado, como Giselle Fernández, la hermana de la presidenta, y María Rocío García, la pareja de Máximo Kirchner, fueron nombradas directoras titulares de Hotesur SA.
De confirmarse esta resolución en los próximos días -que podría emitirse con los tres votos o con la disidencia de uno de ellos-, Bonadío renunciaría a su cargo, según informó a sus allegados. Aunque la mayoría de ellos descree que se vaya sin dar pelea. “Tiene otras causas sensibles que podría activar”, remataron quienes trabajan con él codo a codo.
El juez mantiene en su escritorio el llamado a indagatoria de Máximo Kirchner por la presunta responsabilidad en la causa en la que se investigan los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos. Además, en el supuesto del ilícito de negociaciones incompatibles con la función, pública podría ser imputar a la Presidenta por haber facilitado estas presuntas maniobras “ilegales”.
La cuestión de la “causa juzgada irrita”, que mantiene en vilo al Gobierno. Bonadio desde hace tiempo analiza la posibilidad de reactivar el supuesto delito de enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández de Kirchner por el que fue sobreseída por el juez Norberto Oyarbide. Por ello, en el marco de la causa por supuesto lavado de activos y malversación de fondos que impulsa el juez en relación a Hotesur, analiza esta opción procedimental que le permitiría reabrir la causa por no poder justificar el “desmedido crecimiento patrimonial” de la presidenta.
Uno de los antecedentes que estudia el magistrado es el fallo por el que se reabrió una causa por enriquecimiento contra la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, único caso que afecta a una mandataria de la Nación. “Isabelita” había sido sobreseída en un escandaloso caso de corrupción en el que se había probado el cobro de un cheque por dos millones de dólares de un programa llamado Cruzada Solidaria. Al caer su gobierno, durante la dictadura militar, la Corte Suprema revisó el fallo y con sustento en la “contundencia de las pruebas” el proceso evidenciaba un vicio y error judicial que habilitó la reapertura de la causa. Isabel Perón fue procesada por segunda vez.
Este impulso que pretende dar Bonadio dependería de la actitud que tome la Corte Suprema en el marco de la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, donde analiza varios recursos extraordinarios. Entre ellos, el del juez Juan José Galeano, quien pidió ser desvinculado del juicio por haber sido sobreseído de la acusación pero luego fue reabierta con sustento en la “cosa juzgada irrita”.
Para juristas consultados, el juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA no podría llevarse a cabo hasta tanto se resuelvan esos recursos. Para cercanos a los ministros, en nada impediría la puesta en marcha del juicio oral, ya que se trataría de cuestiones “incidentales o paralelas”. Esta “excepción procesal que permitiría la revisión, sin el obstáculo de la cosa juzgada ni la barrera infranqueable de la garantía del non bis in ídem- nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito- de ciertos pronunciamientos judiciales liberatorios, y teóricamente firmes, que hayan beneficiado a funcionarios sometidos a procesos por actos de corrupción”, explica el abogado Alejandro Carrió en el prólogo al libro Cosa Juzgada Fraudulenta de Federico Morgenstern y Guillermo Orce.
El fallo Galeano, permitiría la reactivación de varias causas sensibles al kirchnerismo que fueron cerradas e incluso evitaría que los jueces afines al gobierno de turno se excedieran en sus facultades porque con esta “teoría procesal” quedarían expuestos. Entre ellas, podrían reactivarse la causa de supuesta “estafa” por la venta de tierras fiscales a precio “vil”, cuyos beneficiarios habrían sido los Kirchner y los empresarios amigos como Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa Igor.
El giro podría darse sobre sobre múltiples causas archivadas e incluso en trámite: Sobreseimientos como el de Ricardo Echegaray, absuelto de cargos en la entrega irregular de subsidios a productores agropecuarios mientras fue titular de la ONCCA. O la situación de Ricardo Jaime, sobreseído en 2011 por autorizar la circulación de colectivos con más de diez años de antigüedad. Canicoba Corral sobreseyó a Cristina en la causa por enriquecimiento ilícito entre 2005 y 2007, período en el que habría multiplicado su fortuna por nueve en tan sólo siete años, lo que podría acumularse a la causa Hotesur que impulsa Bonadio.
Esta coyuntura sucede mientras el senado analiza el pliego de Roberto Carlés. El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, no pudo hasta el momento reunir los 48 votos, es decir, los dos tercios de 72 senadores que conforman la Cámara Alta. Se especula con que el gobierno podría intentar imponer una interpretación literal de la frase de la Constitución que reza “los dos tercios de los presentes” para nombrar al próximo ministros.
En la Casa Rosada ya estudian postular a otro candidato o impulsar la ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros con salas de especialización, tal como lo establecen los cánones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sentenció una voz cercana a la presidenta. Y advirtió: “Ella tendrá la última palabra”. Sin embargo, en las últimas horas, Ricardo Lorenzetti, presidente del Máximo tribunal señaló que “cada vez que el Congreso cambió la Corte, el presidente se desprestigió”. Y el propio Aníbal Fernández desmintió planes de aumentar la cantidad de ministros.
(*) Especial para Perfil.com.
