El Gobierno alteró con algunos cambios su política en el caso por el atentado contra la AMIA. Tras presentar un plan de trabajo muy cercano a lo que impulsan las principales instituciones comunitarias judías de la Argentina, se mostró abierto a considerar alternativas, como la creación de una comisión parlamentaria que trabaje en paralelo a la Justicia, y sin interferir con las causas en curso.
Entre los primeros anuncios del Gobierno estuvo la intención de impulsar una reforma legislativa que permita realizar un juicio en ausencia contra los iraníes imputados. Esta medida era reclamada por los familiares más cercanos a AMIA y DAIA. Pero también despierta temor entre organizaciones de amigos y familiares alejadas de las instituciones comunitarias, como Apemia y Memoria Activa, porque, sostienen, podría ser utilizado como una medida que clausure la investigación. Dicho proyecto y otras medidas –como el despido de integrantes de la querella en juicio por encubrimiento contra Carlos Menem y el ex juez Juan José Galeano, entre otros– motivaron planteos de familiares frente al ministro de Justicia, Germán Garavano.
También había despertado resquemores la creación de una secretaría, a cargo del radical Mario Cimadevilla, que conjuga tanto el impulso a la investigación del atentado como la de la muerte de Alberto Nisman, una figura reivindicada por AMIA y DAIA, pero cuestionada por otras organizaciones.
A partir de los encuentros de Garavano con familiares, dirigentes oficialistas y de otros partidos se definió que el Gobierno impulsará la creación de una comisión parlamentaria que debería contar con acceso a todos los documentos secretos del caso y estaría integrada por legisladores y por personalidades incuestionables.
“Hay expectativas para ser optimistas”, expresó la diputada Carla Carrizo (UCR), que apoya la iniciativa y participó de la reunión con Garavano. “El proyecto surgió en 2014 a pedido de Apemia, y lo acompañamos varios diputados que en aquel momento estábamos en la oposición”, indicó. Al contar con estado parlamentario, podría ser rápidamente abordado en Diputados si existe voluntad política.
En tanto, Cimadevilla obtuvo esta semana la confirmación oficial de su cargo en la Secretaría de Estado para el caso AMIA. También contará a partir de la próxima semana con nuevas oficinas para iniciar sus tareas.
